Rechazo de las entidades sociales a las notificaciones de desalojo a los ocupantes de la antigua cárcel: "Les estigmatiza aún más"

La entrega de notificaciones de desalojo a los ocupantes de la antigua cárcel por parte de la Policía Local de Palma esta mañana ha cogido por sorpresa a los presentes en la reunión del Consell Social Municipal que se ha celebrado en el Ayuntamiento. De hecho, la primera sorprendida ha sido la regidora de Servicios Sociales, Lourdes Roca, que ha asegurado a los presentes que desconocía que los agentes se personarían en el inmueble.

Representantes de Metges del Món, Càritas Mallorca y EAPN Illes Balears, entidades con experiencia en el tratamiento del sinhogarismo y la exclusión social en las islas, han mostrado su rechazo a esta actuación policial porque, consideran, el abordaje de esta situación debe empezar por identificar la problemática de cada ocupante de la antigua cárcel -en torno a 250- y un trabajo coordinado entre administraciones para tratar de encontrarles una alternativa habitacional o proporcionarles una ayuda económica.

"Las mujeres sin hogar atendidas por Metges del Món nos han trasladado su preocupación por la intervención de la Policía Local; nos expresan desesperanza, miedo e inseguridad. Se sienten criminalizadas cuando su situación de exclusión residencial y social no es voluntaria, y que en su situación de precariedad económica, el Ayuntamiento de Palma les estigmatiza aún más", ha destacado esta ONG en un comunicado.

Del mismo modo, ha criticado el procedimiento seguido por la Policía Local. "Se han personado allí solicitando datos personales y la firma de un Acta de Requerimiento Policial para el cese voluntario de una ocupación ilegal de bienes públicos. No se ha entregado copia de estos documentos a las personas afectadas, aunque se les ha permitido realizar una fotografía", destaca Metges del Món.

La Policía Local entrega notificaciones a los ocupantes de la antigua prisión de Palma para que la desalojen en diez días

En dicha acta se establece que si los ocupantes no se van voluntariamente en esos diez días "se iniciará un procedimiento administrativo para el ejercicio de la potestad posesoria y, en caso de resistencia al desalojo, se adoptarán cuantas medidas sean conducentes a la recuperación de la posesión del bien".

Metges del Món ha señalado que la regidora Roca "ha expresado su desconocimiento sobre este procedimiento", y ha recordado que este enero ya se citó con el alcalde de Palma, Jaime Martínez, para tratar la situación de los habitantes de este inmueble. En dicho encuentro, "se trasladó el informe de situación de la cárcel antigua de Palma y se visibilizó la falta de información coordinada y precisa sobre el número de personas afectadas por el inminente desalojo necesario ya que el edificio está en riesgo de derrumbe".

EAPN: "Ha habido una falta de coordinación en el Ayuntamiento"

Por su parte Xavier Torrens, presidente de la Xarxa per la Inclusió social EAPN Balears, ha destacado la "falta de coordinación" entre las áreas del Ayuntamiento. "La regidora nos ha dicho que se ha enterado durante la reunión del Consell Social. Nos ha cogido por sorpresa porque no es la línea de trabajo que nos habían dicho que se seguiría", ha valorado Torrens.

"Antes de actuar es necesario conocer quiénes están de manera continuada, si tienen trabajo y qué tipo de recursos se les puede dar. Esa falta de coordinación no puede repercutir en una pérdida de derechos de las personas. Es cierto que el Ayuntamiento no puede dar respuesta habitacional a 250 personas, pero sí tiene medios para que, quienes tengan derecho a ello, se beneficien de prestaciones económicas para que puedan acceder a una vivienda", ha subrayado el presidente de EAPN Balears.

Finalmente Eva Pons, coordinadora de programas acción social Càritas Mallorca, ha indicado que durante la reunión ha pedido "unificar los mensajes y trabajo en red entre el IMAS y el Ayuntamiento de Palma" para que "la intervención que se lleve a cabo en la antigua cárcel se centre en las personas".

"Somos conscientes de que en la red del IMAS no hay espacio para acoger a 250 personas. Pero en esta actuación ha habido precipitación porque no se puede pedir a estas personas que encuentren una solución en diez días", ha añadido Pons.

Un efecto llamada en la antigua cárcel de Palma complica su desalojo a la espera de una orden judicial