Un efecto llamada en la antigua cárcel de Palma complica su desalojo a la espera de una orden judicial
La promesa de Cort de buscar un alojamiento a sus ocupantes ha animado a otras personas sin hogar a instalarse allí
La cifra de residentes en el inmueble, que sufre daños estructurales, se acerca a 250

Cerca de ochenta personas sufrirán las consecuencias del desalojo de la antigua cárcel de Palma / B. Arzayus

Un efecto llamada en la antigua cárcel complica su desalojo, pendiente de la orden de un juez. En octubre el Ayuntamiento de Palma tenía censadas en torno a 80 personas residiendo allí de manera irregular y explicó que les buscaría un alojamiento para desocupar el inmueble, que sufre daños estructurales y en el que residen en condiciones insalubres. El anuncio animó a otros ciudadanos sin techo, que se asentaron allí con la esperanza de que Cort les proporcionaría una vivienda, por lo que hoy la cifra de ocupantes se acerca a los 250.
El área de Servicios Sociales que dirige Lourdes Roca lleva meses trabajando con los habitantes de la antigua cárcel para tratar de encontrarles una alternativa habitacional, al menos a los que presentan un mayor grado de vulnerabilidad, pero los alojamientos municipales no tienen capacidad para absorber a más de dos centenares de personas.

Residentes en la antigua cárcel el pasado mes de octubre. / Bernardo Arzayus
Cort tiene el caso judicializado y esperará a tener la orden de desalojo que solicitó hace meses. Urge una solución porque diversos informes de la Policía Local, Bomberos y técnicos del área de Infraestructuras han advertido del riesgo que corren sus ocupantes para su seguridad por el mal estado del inmueble.
El Ayuntamiento espera que para cuando llegue el momento de ejecutar el desahucio la población de residentes de la antigua cárcel haya disminuido, teniendo en cuenta que en muchos casos se quedan solo el tiempo imprescindible hasta encontrar un emplazamiento mejor.
Aunque Cort sitúa la cifra en unas 250 personas, Metges del Món estima que hay un centenar menos.
La antigua cárcel cerró sus puertas en 1999, cuando se inauguró el moderno edificio de la carretera de Sóller. Desde entonces los sucesivos consistorios han manejado diferentes proyectos para dar un nuevo uso a estos ocho mil metros cuadrados de superficie en el barrio de Cas Capiscol, hasta el momento sin resultados.
El actual equipo de gobierno apuesta por levantar viviendas de precio asequible, pero no hay ningún proyecto maduro. Ahora preocupa la seguridad de sus ocupantes. En los últimos tiempos se han declarado varios incendios. Se han controlado a tiempo, pero representan un riesgo por la gran cantidad de basura y desperdicios que se acumulan en el inmueble.
También existe preocupación porque una parte de los residentes de la antigua cárcel son conflictivos y plantean problemas de convivencia con el resto de los ocupantes. "Nunca me he visto en una situación así, pero todo el mundo puede tener una mala racha y no contar con apoyo familiar. Cómo van a echarnos de aquí, por Dios, antes de que cierren nos tienen que buscar un sitio", expresó uno de los ocupantes en octubre.
Cort elabora un censo de personas sin techo
El Ayuntamiento de Palma está trabajando con entidades que abordan la problemática del sinhogarismo para elaborar un censo de personas sin hogar en el municipio. Este fenómeno está en plena expansión como consecuencia de la emergencia habitacional y el alto precio de los alquileres que han excluido a muchos de la posibilidad de residir en una vivienda.
Contabilizar el número de personas sin techo es de una gran complejidad porque quienes duermen en la vía pública suelen desplazarse de un sitio a otro. De este modo, es habitual que surjan pequeños asentamientos en rincones más o menos apartados que se desmantelan al cabo de unos pocos días o semanas.
Por su parte, el municipio tiene un déficit de alojamientos públicos para dar respuesta a un colectivo que va en aumento.
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