Emaya pide cárcel para los sindicalistas de Vox por acoso a los trabajadores
Los dos representantes, que fueron despedidos, serán juzgados por un delito de coacciones

Emaya acordó la expulsión
La empresa municipal Emaya no solo procedió al despido de los dos máximos representantes del sindicato USTE, vinculado al partido Vox, sino que también pretende que ambos cumplan dos años de prisión por el supuesto acoso a una serie de directivos y de trabajadores. Al menos cinco de estos empleados han sufrido episodios de enfermedades, o ataques, psicológicos como consecuencia de los hechos que serán juzgados en breve. Aunque la fiscalía cree que no hay delito en la actuación de los dos sindicalistas, la empresa interpreta lo contrario. Emaya imputa a ambos acusados un delito contra la integridad moral o, de forma alternativa, un delito de coacciones.
Los dos sindicalistas han conseguido que el despido decretado por Emaya fuera declarado nulo, si bien ninguno de ellos ha sido readmitido a la espera de que se resuelva esta denuncia penal. Los dos acusados relacionan los hechos con su posición contraria a que se aprobara un reglamento sobre los cargos directivos, porque interpretaban que se trataba de un blindaje.
Además de la empresa, una directiva y dos trabajadores de Emaya también ejercen la acusación contra los dos sindicalistas vinculados con Vox. Ambas partes piden más años de prisión de los que reclama Emaya. También proponen la inhabilitación de los dos representantes sindicales.
El escrito de acusación detalla todos los enfrentamientos que han mantenido estos dos representantes sindicales, no solo con los ejecutivos de la empresa, sino también con un grupo de trabajadores. Los acusados habrían exigido a la empresa que tomara medidas disciplinarias, o rebajas de categoría, contra una serie de trabajadores por el mero hecho de que no forman parte de su círculo próximo o que no habrían acatado las indicaciones que pretendían imponer.
La acusación asegura que estos dos representantes han realizado actuaciones que van más allá de su responsabilidad como representantes sindicales. Emaya asegura que de «de forma reitera y continuada» se habrían dedicado a formular ataques directos contra una serie de trabajadores, tanto directivos como empleados, así como actos de intimidación y coacciones. La razón de estos ataques, según la empresa, es que estas personas no eran afines a los intereses de los dos sindicalistas.
También se describe en la acusación que estos dos acusados iban a tomar medidas «cuando lleguen los mios», es decir, cuando el partido Vox tuviera una influencia política en el Ayuntamiento de Palma.
En el juicio está previsto que declaren los trabajadores que se sienten víctimas de esta persecución. Al menos cinco de ellos sufrieron graves secuelas psicológicas como consecuencia de este acoso laboral, tal como reflejan los informes médicos que han aportado a la investigación.
Uno de los episodios donde más incide el escrito de acusación se centra en la persecución a una directiva. Emaya afirma que los sindicalistas contrataron a un detective privado para que la investigara. Además, la han acusado públicamente de cometer un rosario de irregularidades que la empresa niega que sean ciertos. Esta ejecutiva ha contado con el respaldo de la empresa y Emaya se ha negado a sustituirla en su cargo de responsabilidad, oponiéndose a la presión del sindicato USTE para que la cesaran.
Otra de las víctimas que ha denunciado estas prácticas fue un trabajador que ejerció de presidente del Comité de Empresa. Los sindicalistas le acusaron de recibir beneficios de la empresa, cuando no era cierto. Este trabajador también se vio obligado a pedir la baja médica por las secuelas psicológicas. En un foro de internet, que se distribuyó entre los trabajadores de Emaya, se afirmó que este trabajador había sido detenido en una operación de narcotráfico. Se trató de una falta acusación.
Los dos acusados han negado dicho acoso y relacionan esta situación con los conflictos de una relación laboral.
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