El Consultiu respalda una reclamación de 1,6 millones de una empresa a Cort

El Consell Consultiu respalda la reclamación de una empresa que prestó el Servicio de Ayuda al Domicilio en Palma durante siete años y pide al Ayuntamiento una indemnización de 1,6 millones de euros. Servisar Servicios Sociales S.L. ganó en 2015 un concurso público para cubrir las necesidades de personas dependientes y sus familiares en sus casas, pero denuncia que Cort le impuso seis prórrogas forzosas para continuar con esta actividad hasta 2022, lo que le supuso un importante perjuicio económico.

El Consell Consultiu estima la reclamación contractual planteada por esta empresa, que cuantifica el daño sufrido en 1.622.188 euros, aunque la cifra podría ser mayor porque este cálculo no incluye la última de las seis prorrogas forzosas. El área municipal de Servicios Sociales ha rechazado sus alegaciones de manera reiterada, tanto la pasada legislatura como la actual, y solo le reconoce el derecho a una indemnización de 43.958 euros.

«Desequilibrio económico»

Por todo ello, Servisar ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el Consistorio palmesano.

El Consell Consultiu, el órgano de consulta de la Comunidad Autónoma, expone el caso en un detallado informe de 27 páginas. Considera que la empresa ha acreditado una «brecha creciente entre ingresos y gastos que desequilibraron gravemente el equilibrio económico de la prestación del servicio» mientras lo ofreció contra su voluntad entre 2019 y 2022. Y advierte de la «ilegalidad» de las prórrogas forzosas, por lo que reclama al Consistorio que proceda a revisarlas de oficio.

Servisar argumenta en su reclamación que el Consistorio le impuso seis prórrogas basándose en el importe del primer contrato, 5,4 millones de euros, sin tener en cuenta que hubo una caída de la facturación porque el propio Ayuntamiento le asignó menos usuarios, por lo que operó con una plantilla sobredimensionada. «Esta caída de la facturación está directamente vinculada al Ayuntamiento de Palma, porque son sus técnicos los que asignan a los usuarios beneficiarios del servicio y las horas que debe llevar a cabo y facturar Servisar», reza el informe del Consell Consultiu.

Interés público

El Ayuntamiento justifica que recurrió a la fórmula de las prórrogas forzosas por razón de interés público y por la necesidad de garantizar la continuidad del cuidado a personas dependientes; una prestación que el Consistorio no tiene capacidad para atender con recursos propios, al menos en su totalidad.

En algunos casos el área de Servicios Sociales no llegó a tiempo de convocar un concurso público para adjudicar el servicio, y en otros quedó desierto porque no se presentó ninguna empresa o porque las que lo hicieron no reunían los requisitos mínimos para cubrir esta demanda. Y en todos los casos impuso la prestación del servicio a Servisar, pese a que la empresa manifestó que se hacía cargo del mismo contra su voluntad.

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