Un informe interno constató la corrupción de los ascensos a dedo en Emaya
La asesoría jurídica detectó casos de malversación y aunque los delitos habrían prescrito, advirtió a la empresa que resolviera la situación ilegal

El expresidente de Emaya fue quien instó a la elaboración del informe jurídico sobre los empleados enchufados
Un informe jurídico interno, hasta ahora desconocido, advertía a Emaya que la política de nombramientos a dedo y ascensos de «enchufados» sin justificación acordada en la empresa Emaya podría ser constitutiva de un delito de malversación de caudales públicos, es decir, se detectaba un claro caso de corrupción. Sin embargo, el mismo dictamen anunciaba que debido a que estos ascensos se acordaron en el año 2009, cuando la empresa era gestionada por UM, estos delitos económicos podrían haber prescrito, pese a que los suplementos de los sueldos que venían cobrando estos trabajadores ascendidos a dedo se seguían pagando, era necesario adoptar una decisión urgente, para regresar a la legalidad. Si no se actuaba, la empresa podría estar colaborando en que se prolongara esta malversación, ya que estos sobresueldos injustificados se venían cobrando, financiados con dinero público.
Este dictamen, fechado en el mes de abril del año 2023, se solicitó desde la propia empresa, que en ese momento estaba controlada por el PSOE. El estudio jurídico se refería a una decisión interna acordada por el que en el año 2009 (bajo el mandato de UM) ejercía el cargo de director técnico. Se trataba de Llorenç Mestre, que se jubiló de la empresa Emaya hace aproximadamente dos años, pero que durante su mandato ascendió de categoría a su entonces pareja sentimental y al hermano de ella. Este ascenso, situando a ambos en importantes cargos de responsabilidad pese a que los dos habían entrado en la empresa sin ningún tipo de oposición, también se tradujo en un importante aumento de sueldo, de más de mil euros al mes, que han venido cobrando hasta hace relativamente pocos meses. Los otros ocho beneficiados por estos nombramientos eran personas muy próximas al entonces director de la empresa, que fueron ascendidos de forma discrecional, es decir, a dedo, sin la necesidad de demostrar sus cualidades para ejercer estos cargos de alta dirección de la organización de esta empresa pública municipal.
Estos diez nombramientos fueron aprobados por el Consejo de Administración, cuya decisión se basó exclusivamente en la propuesta presentada por el entonces director de Emaya. Mestre hizo un informe indicando la necesidad de realizar una reestructuración interna y señalaba los cargos que debían ejercer cada uno de estos diez beneficiados, incluyendo lógicamente una subida salarial. En ese momento, este aumento del sueldo era una facultad discrecional del Consejo de Administración. Es decir, respondía a una decisión personal del director, que estaba premiando a dos familiares. Su pareja pasó a ser jefa de departamento y su cuñado jefe de servicio. Ella pasó a cobrar casi 90 mil euros al año y su hermano unos 50.000 euros al año.
Según el informe jurídico, el entonces director no mencionó en su informe que existía una relación personal y afectiva con dos de los trabajadores a los que se ascendía. Y, además, también se pudo comprobar que en el momento de su ascenso no tenían ni categoría, ni tampoco experiencia, para beneficiarse de este nombramiento.
Este informe jurídico no se tradujo en una denuncia penal por delitos de malversación puesto que los hechos habrían prescrito, pero sí obligó a la empresa a adoptar una serie de medidas rectificativas, que consistieron en anular estos nombramientos a dedo y restituir a estos beneficiados a sus antiguos puesto de trabajo. No se les despidió, solo se les devolvió a sus antiguas responsabilidades. Sin embargo, antes de adoptar cualquier medida interna se realizó un profundo análisis de los diferentes puestos de trabajo y se descubrió algunos casos muy graves. Había trabajadores que se encargaban de la limpieza de las calles, es decir, barrenderos que estaban cobrando sueldos de casi 80 mil euros al año, lo que supone casi doblar el sueldo que recibe el propio alcalde de Palma o cualquier concejal. Y ello tenía una explicación: estos trabajadores habían ocupado puestos de responsabilidad durante una determinada época política, se les había aumentado el suelo, pero al regresar a sus antiguos puestos de trabajo se les mantenía estas mismas retribuciones económicas.
En los últimos meses de la anterior legislatura la empresa Emaya tomó la decisión de modificar los puestos de responsabilidad que estaban ocupando determinados empleados, que habían sido colocados directamente a dedo, sin demostrar el más mínimo méritos para poder beneficiarse de estos ascensos. Estas decisiones, lógicamente, provocaron el malestar de estos empleados que bajaban de categoría laboral y alteró, sin duda, el ambiente que existía entre la empresa y gran parte de la plantilla era complicado. Algunos de los afectados decidieron recurrir ante los tribunales este descenso, porque entendían que con los años habían adquirido el derecho a ocupar estos destinos. Sin embargo, los tribunales, a través de diferentes sentencias, han venido a respaldar las decisiones de la empresa, que de este modo cumplió con las recomendaciones que indicó el letrado que advirtió las sospechas de corrupción en la política de ascensos realizada en la empresa.
Emaya es la única empresa pública de Palma que cuenta con dos comités de empresa. Con una plantilla de unas 1.500 personas hay más de 60 trabajadores liberados por su actividad sindical.
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