Multa de 80.000 euros a diez pisos turísticos ilegales en Palma

El Consell de Mallorca también ha ordenado el cese de actividad

Medio centenar de personas se ha concentrado bajo el edificio que alquila plazas ilegales.

Medio centenar de personas se ha concentrado bajo el edificio que alquila plazas ilegales. / Zafirus

El departamento de Turismo del Consell de Mallorca ha ordenado el cese de actividad de 10 pisos turísticos dedicados al alquiler turístico ilegal en un edificio de Palma y ha notificado en total 10 sanciones por 80.000 euros a cada uno de los inmuebles.

En total, el importe de las sanciones propuestas asciende a 800.000 euros, al dedicarse a esta actividad sin disponer de licencia alguna para ello, ha detallado la institución insular este lunes en un comunicado.

En concreto, el área de sanciones del departamento insular de Turismo ha iniciado este procedimiento por infracción turística a 10 pisos que se comercializaban en Palma, en un mismo edificio.

El departamento de Inspección será el encargado de comprobar que estos cierres sean ejecutados como marca el expediente y en el caso de que no fuera así, el departamento de Turismo estaría capacitado para poner el asunto en manos de la Fiscalía.

El responsable insular de Turismo, José Marcial Rodríguez Díaz, ha recalcado que la oferta ilegal, independientemente del sector en el que actúe, supone no solo una competencia desleal muy dañina para todos aquellos que hacen bien las cosas en Mallorca, sino "un problema terrible para la convivencia, algo contra lo que queremos luchar y erradicar".

Esta orden de cese de actividad y la sanción, ha añadido el conseller de Turismo, son fruto de "un largo trabajo" del departamento, que "ha cumplido escrupulosamente con todos los procesos administrativos" y que ha permitido actuar de esta manera "tal y como marcan los plazos legales".

Las sanciones que se proponen actualmente a quien realiza alquiler turístico ilegal en la isla son de 80.000 euros por cada inmueble detectado.

La horquilla de multas por esta cuestión que marca la ley varía desde los 40.001 euros en su franja más baja, hasta los 400.000 euros en la máxima, y hasta ahora se estaban imponiendo por valor de 40.001 euros, con el objetivo de disuadir el cese de esta actividad ilegal en plurifamiliares de Palma y proteger a los residentes.

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