Conflicto

Condenan a Emaya por cambiar de destino a un trabajador díscolo

Un juez obliga a la empresa municipal a colocar de nuevo al empleado en su antiguo cargo y además tendrá que pagarle 15.000 euros por los daños

Los tribunales están anulando la mayor parte de los despidos disciplinarios acordados en Emaya

Los tribunales están anulando la mayor parte de los despidos disciplinarios acordados en Emaya

Las ilegales medidas disciplinarias adoptadas por los responsable de la empresa municipal Emaya, tanto en esta como en la anterior legislatura, empiezan a tener graves consecuencias económicas para las arcas municipales. Un juez ha confirmado que el cambio de destino de un empleado, con más de 20 años de antigüedad en la empresa, fue ilegal y respondió a una maniobra de sus responsables porque este trabajador denunciaba graves fallos en la planificación de los puestos de trabajo. Esta represalia por parte de la empresa supondrá que ahora tendrá que abonarle 15.000 euros por los daños personales que causó a este empleado, que permaneció varios meses de baja médica debido a este conflicto laboral.

Este empleado díscolo, llamado David Sastre, llevaba casi diez años ocupante el cargo de delegado del área de protección de datos de la empresa y al mismo tiempo era el responsable del área de calidad. Mantuvo un fuerte enfrentamiento con la directora del departamento de corporación, Nuria Gallego y con el director del ciclo del agua, Jaume Femenías.

En una denuncia que este empleado presentó ante la Inspección de Trabajo, el conflicto se inició en el momento en el que, como responsable de calidad, comunicó la falta de un organigrama en Emaya, así como la inexistencia de las descripciones de los puestos de trabajo.

Estas quejas no agradaron a los responsables de la empresa municipal que, según señala la sentencia, acordaron bajar a este trabajador de categoría. En abril del año 2023 se le comunicó que se revocaba su nombramiento como jefe de servicio y se le apartaba de su responsabilidad como técnico de calidad y responsable de protección de datos. Se le bajaba de categoría y se le enviaba a ocupar una plaza como operador de telemando. Esta decisión le suponía una bajada de sueldo de unos mil euros al mes.

Este cambio de destino, que ha sido declarado ilegal por los tribunales, estuvo directamente relacionado con su enfrentamiento con la empresa. El empleado denunció ante la Inspección un enfrentamiento que tuvo con la directora de Corporación. Afirma que Nuria Gallego le introdujo en una oficina y allí le amenazó con el despido si denunciaba a la empresa. Además, también le cuestionó que hubiera solicitado una evaluación psicosocial al servicio de prevención de Emaya. El empleado interpretó, y así lo denunció, que la directiva la estaba amenazando, acosando y coaccionando.

El trabajador pidió una copia de la grabación de la cámara instalada en el despacho donde se produjo este encuentro, para demostrar las amenazas que le había dedicado la directiva de la empresa. Sin embargo, Emaya aprovechó la petición de estas imágenes para iniciar contra el responsable del departamento de datos un expediente disciplinario porque interpretó que esta solicitud no se había tramitado con el cauce correspondiente. El empleado de Emaya interpretó que este expediente respondía a una represalia por el enfrentamiento que mantenía con los directivos de la empresa.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears ha declarado nulo el cambio de destino acordado por la empresa contra este trabajador díscolo. Los jueces consideran que esta decisión laboral al bajar de categoría al trabajor y bajarle al sueldo, fue una maniobra por el enfrentamiento que existía entre ambas partes. Y concluye la sentencia que esta decisión fue del todo ilegal. Por lo tanto, los jueces acuerdan que el empleado recupere su antiguo cargo de responsabilidad en la empresa, del que fue apartado. También recibirá una indemnización de 15.000 euros y la parte del sueldo que dejó de cobrar cuando la empresa acordó su cambio de destino.

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