Artistas, músicos de calle y caravanistas trasladan a Cort su rechazo a la ordenanza cívica de Palma que les "criminaliza"

Artistas, músicos de calle, caravanistas y activistas por la vivienda han traslado al pleno del Ayuntamiento de Palma su protesta contra la nueva ordenanza cívica que, consideran, "criminaliza" su actividad y condiciones de vida. Representantes de estos colectivos han intervenido en el pleno para pedir al equipo de gobierno que cambie o retire los artículos que consideran más lesivos. El documento ha protagonizado buena parte de los debates posteriores, con duras críticas por parte de una izquierda que pide cambios de calado o su retirada definitiva. El PP, que decidió aplazar la aprobación inicial de la ordenanza prevista en este pleno, ha defendido el documento, pero se ha abierto a introducir modificaciones.

Relacionado con este debate, también se ha hablado de libertad de expresión y de participación ciudadana al hilo de la intención del equipo de gobierno de recortar la duración de los plenos a partir de 2025, cuando los grupos tendrán menos intervenciones y solo podrán intervenir las entidades sociales y vecinales consideradas de utilidad pública.

"Ya que es el último día que nos podemos expresar en el Ayuntamiento queremos denunciar una ordenanza punitiva y carente de democracia", ha subrayado Àngela Pons, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Mallorca. Esta activista ha señalado que su entidad será una de las que no podrán cumplir con los nuevos requisitos para volver a los plenos.

En cuanto a la ordenanza, Pons ha lamentado que "no se contemplan soluciones sociales para solucionar el problema de la vivienda. Lo único que han hecho es dar suelo público a promotoras en lugar de cedérselo al IBAVI para que construyan pisos sociales. En lugar de dar alternativas a quienes no pueden acceder a una vivienda, quieren borrarlos del mapa", ha manifestado la portavoz de la PAH sobre el anuncio de Cort de ceder solares municipales a constructores para que edifiquen un total de 1.200 pisos de alquiler limitado esta legislatura.

También han estado presentes usuarios de autocaravanas para protestar contra una ordenanza que prohibirá vivir en estos vehículos y plantea multas de hasta 1.500 euros. "Vivo en una autocaravana en Son Hugo y solo pedimos que nos dejen tranquilos. Sabemos que no podemos tener sillas o mesas fuera de la caravana, solo pedimos que nos dejen vivir. No tenemos medios para pagar un alquiler. Yo trabajo ocho meses al año, tengo una nómina normal y no me puedo permitir los alquileres que hay en Palma", ha manifestado Begoña Iglesias.

También ha intervenido David Peralta, presidente de la asociación Nou Circ Social Illes Balears. "Queremos la dignificación de las artes escénicas a nivel social. Luchamos durante veinte años para que haya una regulación que ya existe para los artistas de calle y que ya prevé sanciones", ha indicado, al tiempo que ha anunciado que presentarán alegaciones.

Isa Nadal y Christoph Hafner han estado presentes en representación de la asociación de vecinos de Canamunt y de la plataforma Cultura al carrer. Han lamentado que la futura ordenanza cívica limitará las actividades en la calle como mercadillos, actuaciones o actos culturales al aire libre. "Palma no puede convertirse en un espacio orientado exclusivamente al turismo y al comercio", y han advertido que el documento en tramitación "supondrá la muerte de la cultura y de la ciudad".

Truyol: "Es la Ley Mordaza del alcalde Martínez"

El PP solo ha encontrado el apoyo de Vox en un pleno en el que ha escuchado múltiples críticas a una ordenanza que, previsiblemente, entrará en vigor en marzo. Y eso que el partido de Fulgencio Coll se ha quedado solo en su defensa de una moción para habilitar espacios para autocaravanistas con agua y luz en los que pudieran instalarse de manera temporal.

"La ordenanza no persigue a nadie, busca ordenar la convivencia y luchar contra el vandalismo. Y respalda al ciudadano para que pueda descansar. Seguro que se puede mejorar, y el alcalde ha decidido darse un tiempo para darle una vuelta", ha destacado Coll.

Xisco Ducrós, portavoz del grupo municipal del PSOE, ha criticado "una ordenanza de persecución" que "criminalizará cualquier manifestación artística en la vía pública y a los que no tienen un hogar o viven en autocaravanas, y plantea limitaciones a la libertad de expresión".

"Promueve el deber cívico de los ciudadanos de denunciarse, es un despropósito y un atentado a la democracia. Quieren dividir a los vecinos y que Palma sea un lugar más difícil para vivir", ha destacado Ducrós.

Més per Palma pide la retirada de todo el texto. "El PP habla de libertad pero su política es la represión contra las personas vulnerables y atenta contra el derecho a la libertad de expresión. Es imperdonable, pero desgraciadamente son las políticas que aplican. Es la ley mordaza del alcalde Martínez y lo estamos analizando con juristas", ha advertido la portavoz Neus Truyol.

"El PP está cegado con los problemas de acceso a la vivienda de los vecinos y quiere aplicar multas impropias de una democracia", ha añadido.

Por su parte Lucía Muñoz, regidora de Podemos, ha criticado "una ordenanza que culmina una política basada en perseguir a los sectores más vulnerables de la sociedad mientras perdonan impuestos a los más ricos", ha indicado en referencia a la rebaja de impuestos municipales de once millones de euros que entrará en vigor en 2025.

"No les molesta la pobreza, sino los pobres. Hoy el pleno está lleno de ciudadanos porque entienden que esta ordenanza va a ser muy perjudicial para ellos. Quienes viven en autocaravanas lo hacen porque no tienen otra opción", ha añadido Muñoz.

El equipo de gobierno ha defendido que el documento "pondrá orden en el desorden dejado por la izquierda". El regidor Llorenç Bauzá ha justificado la decisión de retirar la ordenanza del pleno de hoy para estudiar todas las alegaciones presentadas por los grupos políticos y las entidades.

"Es una ordenanza cívica reclamada por muchos vecinos porque había mucho descontrol, y en invierno tendremos un texto que dará respuesta a sus preocupaciones.

Bauzá ha indicado que se introducirán cambios, aunque ha preferido no adelantar acontecimientos. En todo caso, ha defendido la prohibición de vivir en autocaravanas. "Hemos puesto en marcha un plan ambicioso para construir 1.200 viviendas. Vivir en una autocaravana es una solución fácil, pero no es digna. Y no multaremos a las personas en situación de vulnerabilidad. Servicios Sociales hará informes de vulnerabilidad y para quienes lo necesiten se plantearán soluciones asistenciales, no multas", ha señalado el regidor.