Cort desalojará la antigua cárcel de Palma por el riesgo para la seguridad de sus 80 ocupantes

El Ayuntamiento de Palma ha pisado el acelerador para desalojar la antigua cárcel de Palma lo antes posible. Las condiciones insalubres en las que viven los alrededor de ochenta ocupantes del inmueble y el riesgo de derrumbes e incendios han elevado la preocupación en el Consistorio. Policía Local, Bomberos y técnicos de Infraestructuras que lo han visitado recientemente han constatado serios riesgos para la seguridad de las personas que lo habitan, y aconsejan una pronta desocupación.

El Consistorio trabaja en colaboración con el IMAS del Consell de Mallorca para buscar una solución habitacional para quienes habitan la antigua prisión, personas en situación de exclusión social que han encontrado refugio entre sus muros. Buena parte de ellos han caído en la marginalidad por la imposibilidad de encontrar una vivienda a precio asequible; en otros casos han sido problemas de adicciones o de salud mental los que les han empujado a vivir allí.

Sin embargo, Cort considera que la seguridad de sus ocupantes está seriamente comprometida. A principios del verano se registró un incendio entre sus muros que no causó daños personales, pero fue un aviso que el Consistorio se tomó muy en serio. Las visitas de los técnicos municipales a la antigua cárcel se repiten desde hace tiempo —la última tuvo lugar la semana pasada— y sus evaluaciones no dejan lugar a dudas sobre la amenaza para la integridad física de sus residentes.

Este espacio es un potencial foco de infecciones por la basura que se acumula por doquier, y existe un serio riesgo estructural teniendo en cuenta que el inmueble suma más de dos décadas de abandono.

Realojo de los afectados

Los servicios sociales de Cort tienen identificados a los actuales ocupantes, a los que tratará de reubicar en dependencias municipales. Una labor ardua teniendo en cuenta la escasez de estos recursos y la alta demanda que existe por la emergencia habitacional que sufre Palma. En estos momentos el Ayuntamiento tiene contabilizadas a unas 80 personas residiendo entre sus muros, pero en el pasado esta cifra ha llegado a ser el doble.

El Consistorio no tiene fecha para el desalojo, pero espera que sea una realidad en el menor tiempo posible. Además de la dificultad que entraña buscar una alternativa habitacional para los ocupantes del inmueble, los técnicos estudian cómo cerrarlo para que no vuelva a ser habitado.

La antigua cárcel cerró sus puertas en 1999, cuando se inauguró el moderno edificio de la carretera de Sóller. Desde entonces los sucesivos consistorios han manejado diferentes proyectos para dar un nuevo uso a estos ocho mil metros cuadrados de superficie en el barrio de Cas Capiscol, hasta el momento sin resultados.

Construcción de viviendas

El actual equipo de gobierno no tiene por ahora un proyecto definido, más allá de la intención de construir viviendas, que podrían ser de precio limitado. Sí ha descartado el plan de la anterior corporación de izquierdas de adecuar la antigua prisión para transformarla en una residencia de estudiantes de la UIB.

También se han quedado en un cajón otras posibilidades que se barajaron en su momento para convertirla en un espacio cultural de referencia para la ciudad.

Los vecinos de Cas Capiscol han lanzado la voz de alarma en reiteradas ocasiones sobre lo que consideran «un foco de conflictos y de insalubridad» desde hace años . Y reclaman su desalojo y rápido tapiado para evitar nuevas ocupaciones.

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