El Gobierno fuerza la retirada del proyecto de ampliación del puerto de Palma

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria volverá a someter a votación el plan dentro de un mes por el rechazo de los representantes del Estado al crecimiento previsto en el dique del Oeste

Cruceros atracados en el puerto de Palma, en una imagen de archivo.

Cruceros atracados en el puerto de Palma, en una imagen de archivo. / DM

El Gobierno ha forzado la retirada del proyecto de ampliación del puerto de Palma que quiere ejecutar la Autoridad Portuaria de Balears (APB). Los representantes del Estado en el consejo de administración que ayer debía votar el polémico plan forzaron a la APB a retirarlo por su carácter expansivo al incluir «incrementos de superficie de tierra destinados a la reparación y mantenimiento de embarcaciones en la zona del dique del Oeste» y la posibilidad de «desarrollar una nueva zona destinada a la náutica recreativa».

Los representantes de Puertos del Estado, de la abogacía del Estado y de la delegación del Gobierno en las islas condicionaron su apoyo a la retirada del punto del orden del día que establece una ampliación del dique del Oeste para trasladar allí las labores de mantenimiento y reparación de embarcaciones que ahora se ejecutan en la STP del Moll Vell y en los astilleros. Este espacio, que quedaría libre, se destinaría a una zona para náutica recreativa.

La petición de los representantes del Gobierno generó un vivo debate. Y aunque en el consejo de administración había una mayoría del PP para dar luz verde al plan (Govern balear, consells insulares y Ayuntamiento de Palma), la Autoridad Portuaria aceptó su retirada para someterlo nuevamente a votación dentro de un mes. Tiene capacidad para financiarlo con su presupuesto, pero no quiere ejecutar un desarrollo tan ambicioso y complejo con la oposición del Gobierno, en manos del PSOE.

De este modo, durante las próximas semanas se mantendrán conversaciones para tratar de llegar a un consenso. El PSIB de Francina Armengol, actual presidenta del Congreso de los Diputados, ha influido para frenar un proyecto muy contestado por la izquierda y los ecologistas, en un contexto además de creciente malestar ciudadano con la saturación turística.

Hay acuerdo en la parte del proyecto referente a la reordenación de las líneas regulares de ferris para alcanzar una operatividad más eficiente. Sin embargo, el Gobierno mantendrá su oposición frontal a cualquier aspecto que implique ampliar espacios o instalaciones.

Informes medioambientales

La Autoridad Portuaria que preside Javier Sanz optó por ganar tiempo y tratar de buscar una solución dialogada ante la perspectiva de sacar adelante un proyecto que habría tenido una mayoría de votos, pero el rechazo de un Gobierno que no pondrá las cosas fáciles. Aunque la APB tiene autonomía económica para financiarlo, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que dirige Óscar Puente dependen los informes medioambientales necesarios para ejecutarlo.

Un polémico proyecto poco explicado que arranca condicionado por la batalla política

El proyecto de ampliación del puerto de Palma arranca —o más bien se ha atascado— entre críticas y muy pocas explicaciones. El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) que debía darle vuelo terminó por retirarlo por el rechazo frontal de los representantes del Estado a los puntos relativos a la ampliación del dique del Oeste, a donde se trasladarían todos los trabajos de mantenimiento y reparación de embarcaciones; y a la creación de una zona para la náutica recreativa que la izquierda señala como una nueva marina para yates de millonarios. 

El PP parece haberse hecho suyo el proyecto de la APB, aunque sus representantes en el Govern balear y en el Ayuntamiento de Palma apenas lo han explicado. La Autoridad Portuaria, por su parte, publicó un comunicado el martes en el que admitía los incrementos de superficie, pero apenas ofrecía detalles sobre un desarrollo tan importante en una zona estratégica como el puerto de Palma.

También refería que el espacio destinado actualmente a los cruceros se reducirá.

El proyecto ha empezado a adquirir notoriedad en pleno debate sobre los límites al turismo y un malestar creciente de la ciudadanía con la saturación, expresado en una masiva manifestación hace dos semanas en Palma.

El plan también pone frente al espejo al PP, ahora que aboga por restringir el turismo. Hace solo dos semanas que Jaime Martínez anunció una batería de medidas para limitar o prohibir la actividad turística en el municipio, incluyendo límites a los coches de alquiler, la llegada de cruceros y un impuesto a los cruceristas para entrar en la ciudad.

Ahora la proyectada reforma del puerto de Palma ha entrado de lleno en la batalla política. Por un lado el PP, dominador de las instituciones de las islas, y por otro lado el PSOE, en el Gobierno. Los socialistas, influidos en Madrid por la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, solo cederán si el plan de la Autoridad Portuaria pierde todos sus elementos expansivos. Está por ver hasta dónde está dispuesto a ceder el PP, defensor de un desarrollo que todavía no ha explicado.

PSIB acusa de «cinismo» al PP

Antes de que se celebrara el consejo de administración, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iago Negueruela, exigió a la APB la retirada «del megaproyecto que el PP ha planificado en el puerto de Palma». 

Asimismo, acusó de «cinismo» a los ‘populares’ por «mantener, al mismo tiempo, un discurso de sostenibilidad y de voluntad de diálogo con los agentes de la sociedad». n