El Juzgado rechaza identificar a todos los ciudadanos de Palma afectados por las multas no notificadas

El Juzgado de Instrucción número 4 de Palma ha rechazado obligar al Ayuntamiento a aportar un listado completo de todos los ciudadanos que hayan impugnado las notificaciones no entregadas de multas en Palma, como pedía la Asociación Stop Multes Sense Notificació, que alegaba que existiría un delito masa.

La asociación de afectados quería evitar que la causa judicial se limite a los algo más de 200 ciudadanos que se han personado en el Juzgado con un abogado, puesto que cifran en más de 140.000 los perjudicados por sanciones viales sin notificación. El dato es el resultado de un análisis de las publicaciones en el Boletín Oficial (BOE). El colectivo cifra los importes de esas sanciones entre 45 y 50 millones de euros.

La juez ha denegado las diligencias que había formulado el abogado que representa a la plataforma, Antoni Bennàssar, reivindicando determinar el grado de participación de la concesionaria CI Postal sobre las prácticas de los empleados.

Actualmente figuran como investigados --en sendas causas separadas-- dos trabajadores que tenían encomendada la notificación de las multas. Uno de ellos reconoció que falseaban sistemáticamente las entregas por la imposibilidad de cumplir con objetivos desproporcionados marcados por la empresa, el mismo relato que han ofrecido otros empleados.

Presuntamente, era una práctica común simular la entrega haciendo constar una geolocalización relativamente cercana al domicilio en un dispositivo electrónico que llevan los repartidores. En una pequeña parte de los casos se falsificaron firmas. Los perjudicados nunca recibieron la notificación de las multas y fueron cobradas en forma de sanción administrativa con importantes recargos; algunos ciudadanos acumulan importes de varios miles de euros.

Por todo ello, la asociación pedía determinar si estas presuntas prácticas fueron actuaciones libres e individuales de los dos trabajadores investigados, o si la empresa toleraba o incluso incentivaba, aunque fuera de forma indirecta, estos comportamientos.

Precisamente, la Audiencia Provincial tiene pendiente un recurso para decidir si CI Postal puede actuar como acusación en este procedimiento o si, como consideran la jueza de instrucción y la Fiscalía, debe comparecer como responsable civil subsidiario y responder de posibles indemnizaciones. Mientras, el Juzgado ha citado a declarar en marzo a un representante jurídico de la empresa.

Identificar a los responsables políticos

La plataforma de afectados también pedía que se requiriese al Ayuntamiento a identificar a los responsables políticos que, en su momento, participaran en el proceso de contratación de CI Postal, el seguimiento de las impugnaciones por notificaciones deficientes o sanciones a la empresa por sus incumplimientos.

Igualmente pedía copia de los expedientes administrativos de penalidades que se hayan impuesto a CI Postal por su gestión de la contrata; y un listado de los funcionarios que hayan tramitado las impugnaciones, para tomarles declaración.

La instructora ha desestimado estas peticiones por no considerarlas útiles para esclarecer la responsabilidad individual de los trabajadores investigados.

La causa judicial no incluye la aparición de millares de cartas comerciales en torrentes y descampados de Palma.