La burocracia y el retraso en el pago de subvenciones asfixia a las asociaciones vecinales

Cort ha llegado a enviar requerimientos para justificar un céntimo

La presidenta de la Federación de Vecinos en una intervención en un pleno de Cort anterior.

La presidenta de la Federación de Vecinos en una intervención en un pleno de Cort anterior. / DM

Irene R. Aguado

Irene R. Aguado

Las juntas directivas de las asociaciones vecinales de Palma están ahogadas en papeleo. Requerimientos, notificaciones, facturas, nóminas y un laberinto burocrático interminable agota la paciencia y los recursos de las entidades. A la complejidad administrativa se le suma el retraso en el pago de las subvenciones, que genera todavía más sensación de frustración y desamparo en el movimiento vecinal.

Las asociaciones ya han dado varios toques de atención a Cort. Se ven con dificultades para pagar alquileres, proveedores, nóminas y actividades por culpa de procesos administrativos lentos y farragosos, que exigen un control de los gastos hasta el último céntimo. Así se lo hicieron saber una quincena de asociaciones vecinales la semana pasada en una reunión con el área de Participación Ciudadana, que se encarga de gestionar las ayudas y subvenciones para este tipo de entidades.

En el encuentro, convocado por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma para tratar este asunto, estaba la concejala del área en funciones, Claudia Costa, que trató de dialogar con los allí presentes para llegar a un acuerdo. Había asociaciones como la de Ses Veles, Sant Jordi, Canamunt o Cas Capiscol. Todas ellas expusieron su «situación límite» y advirtieron que están en riesgo las numerosas actividades culturales y participativas que organizan, puesto que las dificultades burocráticas a las que están sometidos genera agotamiento y algunos vecinos, especialmente los jóvenes, están abandonando.

«Dedicamos nuestro tiempo de forma voluntaria y somos entidades sin fines lucrativos. Aún así, la Ley de Subvenciones trata a las asociaciones de vecinos como empresas», explica la Federación a este diario. Cort ha llegado a enviar requerimientos por un solo céntimo, o negar una subvención al considerar que una factura no está redactada con los términos administrativos exactos por una palabra «ambigua». Otras asociaciones están todavía pendientes de cobrar ayudas del año 2021. Además, para ellos el plazo para responder a un requerimiento es de diez días, y no 15 como establecen las bases.

Al próximo regidor de Participación Ciudadana —asuma quien asuma la concejalía después de estas eleccionesle piden acabar con las continuas trabas burocráticas y agilizar la concesión de ayudas, puesto que consideran que el último encuentro no concluyó con soluciones claras. Reclaman, en definitiva, que se reconozca su labor social y que no se vea socavada por la carga burocrática, que limita su capacidad de trabajar por los barrios.

Por su parte, el área de Participación Ciudadana, consultada por este diario dos días antes de los comicios del 28M, ha defendido que la comunicación del departamento con las asociaciones es «fluida y constante», y que siempre intentan buscar puntos de encuentro para facilitar el trabajo de las entidades. Para la concejalía, muestra de ello es la reunión que celebraron con las asociaciones, que tenía por objetivo «conocer de primera mano sus inquietudes y explicarles mejor en qué fase se encuentra el proceso de tramitación de sus ayudas».

La concejalía sostiene que su voluntad es «agilizar y simplificar al máximo» las gestiones administrativas, y que de hecho las asociaciones cobran por primera vez las subvenciones correspondientes a todo el año, en lugar de un solo cuatrimestre, como se había hecho hasta ahora. Defienden que esta mejora supondrá que los beneficiarios se ahorran dos tramitaciones, y que todas las que han presentado correctamente la documentación tienen el visto bueno de la Junta de Gobierno y ya han cobrado. Este dinero tenía que llegar, supuestamente, en mayo, si bien algunas asociaciones consultadas a cuatro días de que acabe el mes niegan haberlo recibido.

En cualquier caso, Participación Ciudadana ha recordado que ha realizado varias jornadas de formación para saber gestionar estos trámites, y ha aumentado más del 40% el presupuesto para ayudas.

Los argumentos no convencieron demasiado a los vecinos en la reunión el pasado 24 de mayo y creen que en pro de la transparencia y la claridad se justifica un «castigo» a las asociaciones, traducido en una obsesión sistemática por cuestionar hasta la última coma. Y eso que, recuerdan los afectados, las personas de las juntas directivas son voluntarias, no se mueven por intereses económicos y gran parte de ellas son personas mayores con muchas dificultades para lidiar con la complejidad de tanto trámite burocrático y lenguaje administrativo.

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