Febrer advierte de que solo cerrará las gasolineras si Cort «manda a la policía»

La empresa explotadora de las estaciones de servicio de la plaza Progrés y Avingudes propuso un plan para desmantelarlas

Gasolinera de plaza Progrés.

Gasolinera de plaza Progrés. / B. Ramon

Gasolineras Febrer propuso al Ayuntamiento un plan para desmantelar paulatinamente y de forma ordenada las estaciones de servicio de la plaza Progrés y Avingudes a cambio de retirar los recursos contenciosos administrativos en curso y disponer de tiempo de recolocar o indemnizar a los 23 trabajadores afectados por la orden de desahucio administrativo que pesa sobre estas instalaciones.

La concejala de Participación Ciudadana y Gobierno interior, Claudia Costa, a raíz de una comparecencia en el pleno solicitada por el grupo municipal del PP manifestó que esta propuesta no fue aceptada por cuanto la concesión administrativa para ocupar los terrenos públicos finalizó en 2008 y sus responsables no han abonado ningún canon a las arcas municipales por la ocupación de esta superficie pública municipal al menos desde 1985.

Asimismo, la concejala reveló que los responsables de ambas explotaciones han indicado en todo momento en las reuniones mantenidas con funcionarios municipales que solo abandonarán las instalaciones si la policía se las precinta. Algo que, si bien el Ayuntamiento podría hacer, Costa ha indicado desde el primer momento que esta medida no se va a adoptar porque no se quiere que los trabajadores sean usados como «escudos humanos» por una empresa que realiza una actividad «altamente lucrativa» en terrenos municipales sin disponer de ningún título habilitante para ello en vigor y sin ingresar desde hace décadas un euros a las arcas municipales.

Por ello, se ha adoptado la medida, también contemplada en la Ley, de imponer a la empresa infractora una multa coercitiva cuyo importe se corresponde con el 5% del valor catastral de los terrenos ocupados. Esta sanción se reiterará cada ocho días hábiles. Además, paralelamente, Cort reclama 273.000 euros en concepto de tasa de ocupación del suelo público y ser prevé adoptar otras medidas como el embargo de bienes.

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