Cort fijará día y hora para que Febrer entregue las llaves de las gasolineras de la plaza Progrés y Avingudes
Una vez comprobado que la empresa ha recibido la notificación que permite al Ayuntamiento proseguir con el desahucio administrativo la concejala Claudia Costa espera que se produzca el cese de la actividad de forma voluntaria
El Ayuntamiento de Palma va a fijar día, hora un un lugar determinado para que la empresa Febrer, que explota las gasolineras de la Plaza Progrés y de Avenidas careciendo desde 2008 de licencia municipal y sin pagar ningún canon ni tasa al Ayuntamiento desde 1987, proceda a la entrega simbólica de "las llaves" de ambas estaciones de servicio y cesen la actividad.
La concejala de Participación Ciudadana y Gobierno Interior, Claudia Costa, espera que la empresa proceda "de forma voluntaria" al cese de la actividad, después de que ha quedado confirmado judicialmente en dos ocasiones que carece de título habilitante para ocupar el suelo público de ambas explotaciones.
En el caso de que se haga caso omiso. esta providencia y no se produzca esta entrega de llaves, Cort iniciará el desahucio administrativo forzoso que, tal como indica la ley y la orden ya notificada el pasado mes de noviembre paralizada por la petición de medidas cautelares ahora denegadas, incluye la posibilidad de utilizar la fuerza policial para precintar las instalaciones o la de imponer a la empresa rebelde multas coercitivas por un importe del 5% del valor de las instalaciones.
Costa ha reiterado hoy que la primera posibilidad consistente en el precinto forzoso utilizando la fuerza pública queda descartada porque desde el Ayuntamiento no quieren que los trabajadores de ambas gasolineras, que no tienen ninguna culpa de la situación creada por sus gestores manteniendo ilegalmente una actividad altamente lucrativa durante años, sean utilizados como "escudos humanos".
El cese de la actividad y la clausura de las instalaciones es independiente de la obligación por parte de la empresa gestora de las gasolineras de presentar un proyecto de desmantelamiento de las instalaciones y, en su caso, de descontaminación del subsuelo, que deben ser aprobados tanto por la conselleria de Medio Ambiente como por el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, además de proceder a su ejecución.
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