La plataforma de las canteras de Establiments exige a Cort que promueva la compra de sa Garrigueta y Can Rosselló

La plataforma ciudadana de las canteras de Sa Garrigueta Rassa y Can Rosselló, situadas cerca de la barriada de Establiments, no se rinde. Ahora exige que al Ayuntamiento de Palma que lidere un acuerdo institucional que haga posible la adquisición ya sea mediante la compra pactada con los actuales propietarios o la expropiación de las antiguas explotaciones mineras que han funcionado durante más de 50 años sin permiso para convertir los terrenos que ocupan en un parque público.

Esta va a ser la principal reivindicación de la manifestación convocada para este domingo, que partirá de la plaza de Cort para, tras pasar por delante del Consell de Mallorca, acabar en el Consolat de la Mar.

La presidenta de la Federació de la Associacions de Veïns de Palma, Maribel Alcázar, ha manifestado esta mañana en la plaza de España que las entidades integrantes de la plataforma tienen un mensaje claro para las tres instituciones.

Manifiesto en Cort, el Consell y el Govern

Para el Ayuntamiento, que hasta el momento ha sido a su juicio la institución "más coherente" y que "más ha tenido en cuenta a la ciudadanía" le pedirán, tal como se aprobó en el último Consell de Distrite de Ponent por unanimidad, que dé "un paso más" y que rechace "de forma clara" los dos proyectos de rehabilitación presentados por ambas explotaciones y que ya han sido informados favorablemente por la Comisión Balear de Medio Ambiente, al tiempo que "promueva un acuerdo entre instituciones (Ajuntament, Consell y Govern" para la adquisición de los terrenos que ocupan ambas canteras para convertirlos en un parque público.

Al Consell de Mallorca le van a pedir "que no se ponga de perfil" ante el peligro que supondrá el tráfico que se generaría en la carretera de Puigpunyent, con el paso de un camión cada tres minutos, y que valore "los impactos cuantitativos y cualitativos que tendrán sobre la seguridad vial" y, en consecuencia, "ponga por delante la seguridad de las personas". Según Alcázar, también exigirán a la institución supramunicipal que diga claramente que Mac Insular "no dispone de las ocho toneladas de material inerte necesario para rellenar en los próximos 20 años las antiguas explotaciones", tal como se contempla en el plan presentado por las propiedades.

Por último, pedirán al Govern Balear que "tenga en cuenta el rechazo de la Ciudad de Palma (Ayuntamiento en pleno y ciudadanía), las dudas sobre la viabilidad de los proyectos presentados y su inadecuación al entorno humano y considere la propuesta de unir esfuerzos institucionales par la adquisición de estos terrenos para convertirlos en un parque público".

Exigencia de responsabilidades

Según Alcázar, la adquisición por parte de la Administración de sa Garrigueta Rassa y Can Rosselló es perfectamente compatible con la exigencia de responsabilidades a los actuales propietarios o a los anteriores por no haber ejecutado paralelamente a la explotación de lestas instalaciones un plan de rehabilitación, por lo que se les debería reclamar parte o la totalidad del coste de esta adquisición.

La presidenta vecinal, que ha hablado en nombre de las entidades que conforman la plataforma ciudadana integrada por las asociaciones de vecinos Nova Son Roca, Son Anglada, Establiments, Secar de la Real, Son Rapinya, Son Espanyol, Son Roqueta, Son Llull-Son Serra-la Vileta, el GOB Terraferida, Amics de la Terra, Ciutat per qui l'Habita, JoventutxClima y Reviure Tofle, además de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, ha dejado claro que no quieren "declaraciones de intenciones futuras sinó soluciones concretas y plazos claros para que sean una realidad y no ilusiones".

Mientras tanto, se preguntan "dónde queda la democracia si no se escucha al conjunto de la ciudad, qué justifica unos proyectos imposibles cuando la normativa no los exige y no son adecuados ni por la ubicación de las canteras en una zona poblada ni por los efecgos sobre el medio ambiente y la incidencia negativa del cambio climático". Y, por último, "cuál es la prioridad para los representantes institucionales: el interés de las empresas o el general y de protección a la población de la ciudad".

El proyecto

El proyecto de restauración presentado y que cuenta con el informe favorable de la Comisión Balear de Medio Ambiente, incluso con los cambios introducidos es, a juicio de la plataforma "una desmesura, una agresión, un imposible, una injusticia y una contradicción con todo el discurso sobre la democracia, la seguridad vial, las medidas para parar el cambio climático, la ecología, el amor a la tierra, la participación ciudadana e incluso, va en contra del sentido común más elemental".

Recuerdan que, de ejecutarse, supondría la aportación de más de 8 millones de material, supuestamente inerte y que no se sabe de dónde saldrá, durante 20 años, que pueden ser prorrogables "in eternum".

El paso de 35.000 camiones al año, uno cada 2,5 o 3 minutos, por una carretera con tramos de 5,60 metros de ancho, en la que dos camiones no se pueden cruzar.

Afirman que lo anterior pondrá en peligro a peatones y escolares y, en general a todas aquellas personas que vayan de compras a Son Roca, a coger el bus número 8, la entrada de Palma desde Puigpunyent, además de complicar el tráfico del Camí dels Reis o de los accesos al polígono de Can Valero, la vía de cintura y las rondas eu enlazan con Son Rapinya.

Cosideran asimismo que la alternativa que se plantea, consistente en ejecutar un circuito de tráfico por Puigpunyent o por Establiments, "aún es más inviable", puesto que "alarga el trayecto y amplía los efectos negativos y los peligros".

Alegan asimismo que solo el tráfico de camiones supone la emisión a la atmósfera de 80 millones de kilos de dióxido de carbono, además de los peligros de contaminación de uno de los acuíferos que abastecen Palma y la generación de polvo, ruido y vibraciones.