Las gasolineras de Avenidasy la plaza Progreso, explotadas en suelo público municipal por la empresa Febrer, continúan abiertas, pese a que la orden de cese de actividad dictada por el Ayuntamiento de Palma como consecuencia del desahucio administrativo aprobado por la junta de gobierno de Cort el pasado 26 octubre, ha finalizado a las 24.00 horas de ayer.
"No vamos a hacer declaraciones al respecto, pero no tenemos previsto cerrar ni en las próximas horas ni días", ha manifestado un portavoz de la empresa Febrer, quien ha insistido que esta cuestión se encuentra en sede judicial puesto que la semana pasada la empresa interpuso un contencioso administrativo contra la resolución municipal, aunque no ha aclarado si solicitaban o no la adopción por parte del juez de la medida cautelarísima de suspensión del acuerdo.
Desde el Ayuntamiento se ha asegurado que, al menos ayer, no tenían constancia de la presentación de este recurso, aunque matizaron que ello suele ser habitual porque normalmente los afectados por una resolución de etas características suelen agotar los plazos "hasta el último minuto".
Si bien el acuerdo de cese de la actividad con el consiguiente lanzamiento debido al desahucio administrativo podría ser ejecutado este viernes mismo por parte del Ayuntamiento sin esperar a la resolución del contencioso administrativo a no ser que se dicte por parte del juez una medida cautelarísima que la suspenda, algo que no se tiene constancia de que haya ocurrido, desde el equipo de gobierno municipal se apuesta por la "prudencia".
Estudio de los servicios jurídicos
Al respecto, el alcalde de Palma, José Hila, ha manifestado en el transcurso de la visita realizada a las obras de la piscina y aparcamientos de s'Aigo Dolça, que los servicios jurídicos municipales están estudiando a lo largo de esta mañana la situación creada y "vamos a hacer lo ellos digan, cuando tengamos el informe correspondiente".
Por ello, no se prevé, al menos de momento, la ejecución forzosa de la orden municipal, con el fin de esperar a que haya una resolución judicial al respecto.
Este procedimiento de "cautela" es el que suele adoptar el Ayuntamiento en los casos de desahucios administrativos que impliquen el desalojo y el lanzamiento de las personas que ocupan los bienes públicos sin la correspondiente autorización en vigor y en otros casos, como el de la supresión de las pinturas de la fachada hotel Artarmadams.
En cualquier caso es probable que este viernes la única actuación municipal al respecto sea la de comprobar si ha cesado o no la actividad y proseguir con las actuaciones.
Tal como se contempla en el acuerdo de la junta de gobierno del pasado 26 de octubre la propiedad de estas estaciones de servicio se enfrenta a un sanción económica equivalente al 5% del valor de las instalaciones que deben ser desmanteladas, que puede ser reiterada cada ocho días, a partir de la fecha en la que el acuerdo es definitivo, es decir, las 24.00 horas de ayer.
Asimismo, el Ayuntamiento puede solicitar para la ejecución del lanzamiento el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
El acuerdo del pasado 26 de octubre concedía un plazo de ocho días hábiles, una vez notificada la resolución dentro de los diez días naturales siguientes, a la empresa Febrer para el desalojo del dominio público en el que se asientan ambas estaciones de servicio, por haberse declarado la caducidad y la extinción de los permisos que legitimaban ambas ocupaciones.
La concesión para la ocupación de los terrenos públicos municipales finalizó el 7 de noviembre de 2008. En 2020 el ayuntamiento inició un proceso para declarar la caducidad y extinción de los permisos que legitimaban ambas ocupaciones, que ha finalizado con el acuerdo de desahucio administrativo del dominio público municipal por parte del concesionario, que también debe proceder a la demolición "de las obras, construcciones e instalaciones fijas existentes".
En el expediente abierto por Cort se pone de manifiesto no ha abonado canon ni tasa alguna por la ocupación de estos terrenos municipales desde 1985.
