CI Postal es la empresa que tiene el servicio de notificaciones de multas de tráfico adjudicado por el Ayuntamiento, a la que se le acusa de realizar mal su trabajo y, en algunos casos, falsificar el procedimiento de notificaciones hasta el punto de que una sanción que, en período voluntario podría suponer un montante de 50 euros con el 50% de descuento por pronto pago, se convierte en hasta 300 euros al pasar a cobrarse en ejecutiva sin que, en realidad, el ciudadano haya recibido el aviso.
Esta situación se da en especial en los casos en los que la sanción se ha impuesto por exceso de velocidad en por uno de los nueve radares instalados en distintas calles de la ciudad, en algunos casos de forma itinerante y en otros fijos.
A raíz de las denuncias formuladas por distintos ciudadanos al departamento de multas, desde este servicio municipal se instaba a los afectados a formalizar su denuncia ante la Policía Nacional.
Como consecuencia de estas denuncias reiteradas por varias personas afectadas se procedió el año pasado a la detención de cuatro empleados de la empresa acusados de falsificar la notificación copiando el DNI de la persona a la que se dirigía el escrito y su firma. El procedimiento judicial contra estas personas sigue su curso, aunque el Ayuntamiento aún no se ha personado en el proceso, pese a que ha reiterado su intención de hacerlo.
Si bien en un primer momento tanto el entonces teniente de alcalde de Participación Ciudadana y Gobierno Interior, Alberto Jarabo, como el propio alcalde, José Hila, afirmaron que la denuncia ante la Policía Local se realizó por parte del Ayuntamiento, con posterioridad han puntualizado esta información afirmando que, en realidad, las denuncias concretas se realizaron por particulares afectados a instancias del servicio municipal de multas, cuando alegaban que no habían sido notificados y que, además, se les había falsificado su firma y el número de DNI. Lo que sí han hecho los responsables municipales, tal como se comprometió el alcalde, ha sido proceder a la revisión de todas las multas notificadas por estas personas entre 2019 y 2021.
De esta forma, se han revisado 8.457 expedientes, lo que representa un 2,37% de todas las notificaciones que se realizan en un año. Se ha comprobado que un total de 1.445 han sido pagadas en el período voluntario, por lo que se presupone que los avisos llegaron en tiempo y forma. Otras 1.948 han sido abonadas ya en período ejecutivo y otras 980 se paralizaron y ya habrán prescrito. Por tanto, tal como se pone de manifiesto desde el Ayuntamiento un total de 1.583 multas han sido anuladas ya sea de oficio o por las alegaciones presentadas por los particulares. Las 3.479 pendientes se siguen revisando.
Además, al margen de las 8.457 multas notificadas presuntamente por estas cuatro personas detenidas, tanto el alcalde, José Hila, como el teniente de alcalde Alberto Jarabo han insistido en varias ocasiones que cualquier persona que considere que su sanción no ha sido bien notificada puede presentar un recurso o solicitar que el procedimiento utilizado en su caso sea revisado. Como consecuencia de la detección de estas presuntas irregularidades en el proceso de notificaciones de multas desde el Ayuntamiento se procedió a adoptar una serie de medidas con el fin de que no se pueda repetir.
Encriptación del DNI
El DNI, que antes estaba a la vista si se abría el sobre de la notificación, algo que se sospecha que se hizo en algunos casos, se ha encriptado, de tal forma que el notificador no puede saber el número completo incluso si abre la carta.
También se ha procedido a suprimir los dos años de prórroga a la empresa afectada, y a la convocatoria de un nuevo concurso. La empresa denunciada, no obstante, continúa repartiendo las notificaciones con el contrato prorrogado hasta que se haya resuelto el nuevo concurso. Por ello, en el pasado pleno se aprobó una partida de casi 100.000 euros con el fin de efectuar el pago por los servicios prestados.
Por el momento, pese a que se han detectado numerosas notificaciones tiradas en cauces de torrentes, no se ha comprobado que alguna de ellas sea municipal, sino que corresponde a otras empresas a las que CI-Postal presta sus servicios.
El equipo de gobierno ha rechazado en varias ocasiones la propuesta de los grupos de la oposición consistente en anular todas las multas impuestas en este período de tiempo o, en todo caso retrotraer su tramitación a la primera notificación. Insisten en que este trámite se debe realizar «caso por caso».
