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Pulso de cuatro familias del Rafal contra un fondo buitre

Promontoria Coliseum Real Estate trata de expulsar a los inquilinos de un edificio de su propiedad al haber vencido sus alquileres sociales - Por ahora dos sentencias judiciales han tumbado sus pretensiones

Isabel Flores, Fernando Amaya, Remedios Utrera e Isidro Vargas con sus hijas frente al edificio del que les quieren desahuciar. | MANU MIELNIEZUK

En diciembre de 2017 el Banco de Sabadell estaba ante una encrucijada: firmar un alquiler social a las familias que habían okupado las ocho viviendas de un edificio de reciente construcción de su propiedad, o tratar de desalojarlas en un largo e incierto proceso judicial. La entidad eligió la primera opción y, gracias a la mediación de la Oficina Antidesahucios del Ayuntamiento de Palma, los nuevos inquilinos pactaron una permanencia de tres años y una renta de 150 euros al mes. Las familias, todas ellas con menores a su cargo y sin ingresos fijos, fueron declaradas vulnerables.

Dos años después, en diciembre de 2019, el Banco de Sabadell vendió el edificio a Promontoria Coliseum Real Estate, que adquirió buena parte de su parque de vivienda en una operación habitual entre bancos y estos fondos de inversión también llamados buitres: los primeros se deshacen del ladrillo que desequilibra sus balances, y los segundos lo acaparan a buen precio mientras esperan una buena oportunidad de mercado para venderlo y sacar jugosas plusvalías.

Promontoria Coliseum es desde entonces el casero de estas familias que viven en la calle Baladre, en el barrio del Rafal. Y también el fondo que les quiere desahuciar desde hace algo más de un año con el argumento de que sus contratos de alquiler han vencido —hubo una prórroga gracias al decreto del Gobierno por el que se renovaban automáticamente los contratos a consecuencia de la pandemia—. Desde este verano ha habido dos sentencias, y ninguna de ellas anticipa un rápido desenlace.

No todas las familias afrontan este pulso en la misma situación: la mitad de ellas dejó de pagar la renta de 150 euros hace tiempo y difícilmente podrán mantener su posición. Las otras cuatro, que sí han cumplido con sus compromisos de pago desde 2017, esgrimen su condición de vulnerables para firmar un nuevo contrato de alquiler social que les permita permanecer en el inmueble. Defendidos por la abogada Gloria Olmos, también reciben el respaldo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). «Lo vivimos con mucha tensión, lo que estamos pasando no se lo deseo ni a mi peor enemigo porque tengo dos criaturas. Cobramos el Ingreso Mínimo Vital y si tenemos que irnos y pagar un alquiler normal no podremos subsistir», relata Fernando Amaya.

Él y su mujer, Isabel Flores, han recibido con relativo alivio el fallo de una jueza que responde a la demanda de desahucio que interpuso Promontoria Coliseum: la sentencia, del pasado octubre, acuerda el lanzamiento, pero lo supedita a que la familia y el fondo buitre traten de alcanzar un acuerdo para firmar un nuevo contrato de alquiler. Han ganado tiempo, en cualquier caso.

Dos familias amenazadas de desahucio ante el edificio donde viven en el Rafal. Manu Mielniezuk

«No hemos dejado de pagar en ningún momento y esperamos que nos escuchen. Estamos muy preocupados, es una situación muy difícil teniendo dos niñas», afirma Isidro Vargas. En julio le tocó a él y a su mujer, Remedios Utrera, acudir a los juzgados de sa Gerreria. En este caso el juez tumbó la pretensión de Promontoria Coliseum de desahuciar a la familia al considerar que el fondo no comunicó su voluntad de no prorrogar el contrato a tiempo.

«Te preguntas a dónde vamos a ir si nos echan a la calle. Y todos los días piensas qué pasará mañana o dentro de una semana», lamenta Flores.

Compensación económica

La empresa ha explorado vías extrajudiciales para tratar de persuadir a las familias de que abandonen sus inmuebles. «Nos han llegado a ofrecer 17.000 euros a cada familia, pero eso no nos resolvería nada así como están los alquileres. Podríamos pagar un año pero ¿qué haríamos después», se pregunta Amaya.

Ofrecer dinero es algo habitual en este tipo de situaciones, confirma Olmos, que también ha sido contactada por el fondo buitre a través de intermediarios. «No queremos dinero, queremos luchar por nuestras viviendas y nuestros contratos», manifiesta Flores.

Asimismo, reivindican que han ido arreglando un edificio que, cuando entraron, estaba sin terminar. «Nos enteramos de que este edificio era de un banco y estaba abandonado, así que entramos. Estaba inacabado, con humedades e incluso tuvimos que poner las verjas de los balcones de nuestro bolsillo», recuerdan.

La empresa puede recurrir ambas sentencias a una instancia superior, lo que se traduciría en muchos meses más sin disponer del inmueble. Y aún quedaría por desalojar al resto de las familias. No hay ganador de este pulso, pero las familias han ganado tiempo.

Un casero sin rostro El conflicto se estanca en los juzgados

Promontoria Coliseum se ha comunicado hasta el momento con los afectados a través de cartas, burofaxes y llamadas de intermediarios que decían hablar en nombre del fondo. La acreditada condición de vulnerabilidad de las únicas dos familias de las que por ahora se conoce una sentencia ha frenado los primeros desahucios del inmueble de la calle Baladre. Asimismo, la Oficina Antidesahucios de Cort avala la situación de exclusión social de los cuatro hogares y el hecho de que están al corriente del pago.

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