Excoordinadora de la Oficina Antidesahucios de Cort (OAD). Trabajadora social, ha pilotado este organismo desde su apertura en 2015 hasta la semana pasada, cuando ha tomado posesión de un plaza en los Servicios Sociales del Camp Redó. La Oficina media, asesora y redacta informes de vulnerabilidad para parar el mayor número posible de desahucios.
¿Hasta dónde puede llegar la Oficina Antidesahucios?
Hasta donde nos deja el juzgado. A raíz de la Covid el Gobierno central sacó un decreto que paraba los desahucios de familias vulnerables que cumplieran unos requisitos. Este decreto se ha ampliado hasta diciembre. Por tanto, lo que más hacemos ahora es tramitar informes de vulnerabilidad a petición de un juzgado para tratar de parar un desahucio hasta que la familia encuentre una alternativa habitacional. También asesoramos en contratos de alquiler e hipotecarios, negociamos con propietarios y ayudamos a pagar los alquileres.
Los primeros seis meses de este año la OAD ha parado un 57,7% de los desahucios programados en los juzgados: 146 de 253. ¿Hay que ver la botella medio llena o medio vacía?
Siempre hay que ver la botella medio llena. Hemos conseguido que un 57,7% de familias no se vayan a la calle, pero es verdad que no lo hemos conseguido en el caso de muchas otras. Hay que verlo como un buen porcentaje e intentar aumentarlo.
En ese periodo de tiempo la Oficina emitió 140 informes de vulnerabilidad. ¿Los jueces dan a esos informes la suficiente importancia a la hora de decidir sobre un lanzamiento?
Creo que no. Nos hemos encontrado con familias sobre las que hemos hecho un informe de vulnerabilidad porque tenían ingresos muy bajos o solo cobraban el Ingreso Mínimo Vital teniendo hijos a su cargo, y no han parado el desahucio. No sabemos por qué ocurre. Cada juzgado funciona de manera diferente.
¿Hay juzgados que desahucian más que otros?
Hay juzgados que nos dan más facilidades que otros.
Desde su creación la OAD ha tramitado unos 5.600 expedientes. Detrás de esta cifra hay situaciones personales muy duras. ¿Hay un desgaste emocional? ¿Se llevaba algunos casos a casa?
Sí. No tenemos recursos suficientes, sobre todo vivienda social. Y hay casos que sabes que tienen que salir de la vivienda, pero no has encontrado nada y te preocupa. Te los llevas a casa, pero hay que intentar desconectar porque el tema de los desahucios es un drama.
Encontrar una alternativa habitacional para estas familias debe ser difícil en una ciudad con tan poca vivienda pública.
Hay muy poca vivienda pública y los precios del alquiler son muy elevados. Mucha gente se piensa que a la Oficina vienen familias que tienen un grado de vulnerabilidad muy alto. Pero también vienen familias completamente normalizadas que tienen que salir de la vivienda porque se les acaba el contrato o han tenido un problema puntual y no han podido pagar. La mayoría de alquileres están en 900 y 1000 euros, y ellos cobran entre 1.000 y 1.200 euros. Si cumplen los requisitos les ayudamos a pagar la entrada del alquiler, porque habitualmente te piden dos o tres meses de adelanto. Si no encontramos nada, derivamos a albergues y centros de acogida, aunque sabemos que no es lo ideal.
La gran mayoría de los expedientes que tramitan son por impagos del alquiler. ¿Poner un límite a los alquileres reduciría la cifra de desahucios?
Creo que sí. Hay familias que podrían pagar perfectamente un alquiler de 600 euros, pero no uno de 900. O a lo mejor firman ese alquiler de 900 euros pero dentro de dos o tres meses no podrán pagar. Aquí hay mucho trabajo temporal y el resto del año no tienen los mismos ingresos que tienen en verano. Si bajaran los precios de los alquileres la gente los podría pagar y se evitarían desahucios.
¿Es un milagro cuando un banco concede un alquiler social a una familia vulnerable?
Cuando abrimos la Oficina conseguimos muchos alquileres sociales. Después hubo un parón que duró años y ahora parece que vuelven a dar, aunque con cuentagotas. El problema es que muchas entidades bancarias han vendido sus viviendas a fondos buitre en ‘packs’, y contactar con ellos es muy difícil, tanto por teléfono como por Internet. Hemos perdido muchas opciones de hacer alquileres sociales porque esos pisos de bancos han acabado en manos de fondos buitre.
¿Tiene razón un propietario cuando pide el desahucio de un inquilino que no le paga?
A ver, tiene razón porque es su casa. Nosotros siempre intentamos negociar con el propietario. Sabemos que a veces es un jubilado con una pensión baja y con lo que cobra del alquiler complementa sus ingresos. Siempre insistimos en que la gente no deje de pagar, o que al menos pague lo que pueda, porque ese dinero se les reclamará y el propietario también lo necesita.
De hecho por la Oficina Antidesahucios también pasan propietarios, no solo inquilinos. ¿Qué les preguntan?
A raíz de un Real Decreto del Gobierno, un juez puede valorar si el propietario es más vulnerable que el inquilino. Y nos piden informes de vulnerabilidad sobre ambos que el juez valora. Otros vienen buscando mediación para llegar a un acuerdo con el inquilino sobre la cuantía de la deuda o para pactar un día para la entrega de llaves del piso.
En 2017, gracias a su mediación, el Banco Sabadell concedió un alquiler social a ocho familias que se habían instalado en un edificio de su propiedad en el Rafal. ¿Cómo les convencieron?
El Banco Sabadell era de los que hacían alquileres sociales. Fue una negociación muy larga porque eran muchas familias y una situación muy compleja porque todo el edificio había sido okupado. Pero en el banco tuvimos un interlocutor que hizo fácil la comunicación y nos facilitó los alquileres sociales.
Ahora los contratos han vencido y esas familias viven amenazadas de desahucio por el fondo de inversión que compró el edificio al banco. ¿Qué puede hacer la Oficina en este caso y similares?
Hemos hecho informes para avalar la situación de estas familias, corroborando que todos estos años han pagado el alquiler social. Y durante este tiempo su situación no ha mejorado tanto como para pagar un alquiler de mercado. Tampoco pueden acceder a una vivienda social porque como sabemos el IBAVI tiene una lista de espera de años.
Cuando hablamos de fondos buitre no sabemos muy bien quién hay detrás. ¿Usted lo sabe?
Probablemente detrás de un fondo buitre está el banco que le ha vendido los pisos. El problema es que hablar con un fondo buitre es más difícil y además no están adheridos a ningún código de buenas prácticas. Intentamos negociar con ellos cuando conseguimos algún contacto, pero habitualmente lo único que ofrecen es una cantidad de dinero para que el inquilino se vaya. Y eso no resuelve nada.
¿Palma necesita una Oficina Antiokupación como pide el PP?
No. Si los bancos y fondos buitre alquilaran todas las viviendas que tienen vacías a un precio razonable, no se okuparían. Tenemos muy pocas okupaciones de pisos de particulares. Sobre todo vienen personas que han entrado en viviendas de grandes tenedores.
