«Nos sentimos indefensos ante el ayuntamiento de Palma, necesitamos respuestas». Son palabras de varios de los afectados por la entrega irregular de las sanciones de tráfico, que se reunieron ayer frente al radar de Pompeu Fabra para denunciar ante los medios su situación de «desamparo» por parte de las autoridades municipales.
La plataforma de afectados reúne ya cerca de 500 miembros entre los dos grupos de Telegram (uno prepara una demanda conjunta contra Cort y otro se dedica a organizarse colectivamente). Algunos de ellos se reunieron ayer junto a uno de los radares más ‘multones’ de Ciutat, responsable de gran parte de las sanciones de tráfico que ahora, después de triplicar su importe por no haber recibido el aviso de notificación, llegan a los miles de euros en algunos casos.
Reclaman pagar «en tiempo y forma»
Sin embargo, los afectados insisten en que no piden la nulidad de las sanciones, sino que se estipule de nuevo el pago «en tiempo y forma» para las multas impuestas, «un derecho que pertenece a los ciudadanos». Esta fue una de las reivindicaciones que incluyeron en el comunicado que remitieron los afectados ayer a todos los concejales del Ayuntamiento, a los partidos políticos con representación en Cort, a la defensora del ciudadano y a la Fiscalía de Balears.
Para los conductores que se concentraron ayer, el asunto es «sumamente grave» y no ha perjudicado a «casos aislados», como defienden desde el ayuntamiento de Palma, sino que se trata de «miles de avisos que no se entregaron de forma sistemática desde 2019 hasta este mismo año», por lo que «Cort debe asumir su responsabilidad».
El Ayuntamiento, recuerdan estos conductores, es la institución que otorga validez a los avisos que (no) entrega CI Postal y el que decide mantener todos y cada uno de los expedientes pese a las consecuencias: recargos de cantidades importantes, sanciones por la falta de identificación del conductor e incluso embargos en las cuentas bancarias de los afectados, según relatan.
Por eso, además de exigir la «cancelación de oficio de todos los expedientes y recargos por multas sin notificación», piden también que se establezca de ahora en adelante mecanismos distintos para avisar a los destinatarios de los avisos, ya sea por correo electrónico o SMS: «Esta petición se justifica por el miedo que tenemos a que la empresa concesionaria -CI Postal, que continúa ofreciendo el servicio pese a estar sancionada por Cort e investigada por la Policía Nacional- incurra en los mismos procedimientos», comentaron.
Maribel y Álvaro: recargos de miles de euros
Maribel M., una de las conductoras presente ayer en el encuentro, tiene 17 sanciones de tráfico, todas impuestas por el radar de Pompeu Fabra. Ninguna de ellas se le avisó ni notificó, aunque pudo pagar algunas a tiempo; el valor total de la deuda con recargos asciende a los 4.000 euros, más 730 euros que la Atib le ha embargado. «Llegué a pedir si podía realizar trabajos comunitarios para condonar la deuda, porque no puedo hacerme cargo», lamenta.
En una situación similar se encuentra Álvaro Sanz. Tres multas sin notificación, dos de ellas casualmente también en Pompeu Fabra, por cerca de 1.300 euros, le han llevado a unirse a la plataforma de afectados que prepara una demanda contra Cort al tiempo que clama por sus derechos como ciudadanos.
