El pleno del Ayuntamiento de Palma correspondiente al presente mes de octubre que se está desarrollando desde las diez de la mañana ha autorizado a la Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram (Emaya) a la formalización de un préstamo bancario por un importe de 25 millones de euros con una entidad bancaria aún a determinar, así como a la ampliación de su capital social en otros quince millones.ç
El presidente de la empresa municipal y concejal de Medio Ambiente, Ramón Perpinyà, ha justificado estas dos operaciones con la necesidad de financiar una serie de inversiones que la empresa municipal está ejecutando desde 2015 y otros que están pendientes de ejecución, relacionados con las redes de suministro de agua y de alcantarillado.
Al respecto ha recordado que Emaya en estos momentos tiene proyectos de inversión por un importe de 49,2 millones, entre los que se incluyen la renovación o separación de las redes de agua potable y residual en numerosas barriadas de la ciudad, entre ellas s'Arenal, es Portitxol y es Pil.larí, entre otras.
Asimismo ha recordado a lo largo de este mandato otras administraciones como la Central ha comprometido ya 117 millones de euros par la construcción de la nueva depuradora del Coll d'en Rabassa, otros 27 millones del canon de saneamiento del Govern, que se utilizan para la construcción del colector interceptor de aguas residuales y el tanque de tormentas junto a la nueva depuradora, a los que hay que añadir otros 87 millones del canon pendiente ce concreción. Por ello, Perpinyà ha manifestado que "estamos ejecutado o tenemos previsto ejecutar inversiones por valor de 240 millones, y les estamos pidiendo que aprueben un crédito de 25".
Los grupos municipales de la oposición han votado en contra tanto de la propuesta de ampliación de capital de la empresa como del préstamo de 25 millones al consideran que se trata de dos operaciones que se plantean a escasos meses de la convocatoria de las próximas elecciones y que van a condicionar la gestión de futuros ayuntamientos.
A preguntas del portavoz de Vox, Fulgencio Coll, sobre el nivel de endeudamiento de la empresa, Perpinyà ha afirmado que en estos momentos es de 19,7 millones en una empresa que factura 120 al año, por lo que, sumando los 25 millones aprobados hoy el nivel de endeudamiento es del 0,38%.
El pleno se ha iniciado con una protesta del grupo municipal del PP, a la que se han sumado también Ciudadanos y Vox, por el hecho de que se hayan incluido como puntos de urgencia el cambio de una serie de modificaciones de las ordenanzas fiscales como la referente al recargo del IBI a las viviendas vacías y otras, anunciadas por el alcalde en el debate sobre el estado de la ciudad. Julio Martínez, del PP, considera que se ha inculcado los derechos de los concejales por cuanto no se les da el plazo de diez días para que puedan presentar alegaciones, algo que a su juicio, va en contra del reglamento municipal. Por su parte, el concejal de Hacienda, Adrià García, ha manifestado que el procedimiento que se sigue es el correcto, tal como avalan los informes de la secretaría municipal, puesto que el plazo de diez días para alegar, si bien se aplica al procedimiento de modificación de las ordenanzas municipales no afecta a las fiscales.
Han acudido a las sesión representantes de distintos colectivos de funcionarios, entre ellos del sindicato de interinos. El presidente de la Federación de Entidades de Gitanos y Gitanas de les Illes ha materializado la ruptura de relaciones de su entidad con el Ayuntamiento por el incumplimiento por parte de Cort del acuerdo de desmantelamiento del poblado de Son Banya.
