El escándalo derivado de la notificación presuntamente incorrecta de las multas de tráfico por parte de la empresa a la que el Ayuntamiento adjudicó este servicio hace poco más de dos años, ha protagonizado buena parte de las comisiones de Hacienda y de Servicios a la Ciudadanía previas al pleno que se han celebrado hoy.

La sorpresa ha saltado cuando, en un punto de urgencia de la comisión de Hacienda, se ha informado favorablemente por parte del equipo de gobierno el reconocimiento de deuda por un importe de casi 100.000 euros, en concreto 95.000, a favor de la empresa CI-Postal, investigada judicialmente por falsear notificaciones de expedientes de sanciones de tráfico. Los grupos municipales de la oposición han manifestado su disconformidad con este reconocimiento de deuda y, en el caso del PP, el concejal Julio Martínez, ha solicitado que se suspenda cualquier pago a esta empresa mientras no se haya aclarado judicialmente lo ocurrido.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Adrià García, ha manifestado que el Ayuntamiento, en esta cuestión, está haciendo lo correcto: por un lado pagar lo que se ha hecho correctamente y, por otro, reclamar por lo que se ha hecho mal. De ahí la denuncia interpuesta ante la Policía Nacional hace un año, cuando tuvieron conocimiento de presuntas irregularidades en las notificaciones, que se saldó con la detención de cuatro empleados de la empresa y la apertura de un procedimiento judicial que aún no ha concluido. Insistió, no obstante que, mientras tanto la empresa, a la que también se le ha abierto un expediente, en su opinión, tiene derecho a percibir el importe del trabajo realizado, de ahí correctamente, de ahí la aprobación de este suplemento de crédito.

Posteriormente, el teniente de alcalde Alberto Jarabo ha aclarado que estos casi 100.000 euros más que se deben añadir al contrato inicial con esta empresa se deben al "incremento" de las notificaciones y al precio unitario estipulado en el contrato. Jarabo ha recordado asimismo que, como consecuencia de la detección de estas notificaciones mal tramitadas, además de denunciarlo, y abrir un expediiente a la empresa, no se ha procedido a la prórroga del contrato de dos años estipulado en el pliego de condiciones, aunque se ha decidido que esta empresa continúe seis meses más, que es el tiempo imprescindible para la redacción de unos nuevos pliegos, puesto que las alternativas eran hasta cuatro veces más caras para las arcas municipales.

Al respecto, ha indicado que se prevé que la nueva adjudicación esté operativa a partir del próximo mes de marzo, y ha adelantado que, debido al incremento del volumen de trabajo el precio de este servicio pasará de los 3 millones anuales que cuesta actualmente a 5,2 millones.

Jarabo ha insistido en que el número de notificaciones mal realizadas "es relativamente bajo" en comparación a las 32.000 que se realizan mensualmente y que, una vez detectado el problema hace un año, se pusieron los medios necesarios para que no fuera posible la falsificación de la firma ni del DNI del ciudadano presunto infractor.

Asimismo, ha insistido en que cualquier ciudadano que se considere perjudicado por una anormal notificación puede presentar un recurso y, en el caso de que tenga razón, el procedimiento o bien se retrotrae al principio de la tramitación del expediente o se procede a su anulación, aunque insistió en que esta decisión se debe tomar "caso por caso".

En relación a las notificaciones aparecidas en un torrente, Jarabo ha insistido una vez más en que no hay ninguna que sea del Ayuntamiento ni del departamento de multas ni de otros, y ha recordado que esta empresa también trabajaba para compañías eléctricas y otros ayuntamientos como el de Calvià.