... es la propia Administración, así acabaría la frase del título.
Si para ajustarse a las normas que, con buena intención, buscan limpieza y objetividad en el funcionamiento administrativo se crea un entramado costoso e inútil, lo que se obtiene es una gestión ineficaz y muy cara. Sí, sale el collar más caro que el perro y en lugar de beneficiar, se perjudica a la ciudadanía.
Es tan enemiga de sí misma que, a veces, para esquivarse y salir de su propio atolladero, ha de privatizar servicios con el objetivo de tener un poquito de manga ancha. En unas ocasiones las cosas salen bien y a veces fatal. Fíjense si no en el escándalo de las entregas, privatizadas, y no realizadas de avisos de multas de tránsito del consistorio palmesano, que tiene a centenares de personas afectadas que, por haberse excedido quizás de 5 km/h en una vía vacía de coches y peatones y sin peligro, les cae un pago de 600 euros y subiendo recargos. En su día detuvieron a responsables de la empresa que no entregó los primeros avisos y falseó firmas. Pero los dirigentes de Cort no han salido a dar explicaciones ni a pedir perdón, ni tampoco a anunciar que se pararía la tramitación de esas sanciones ni que se volvería al punto de partida. Qué confianza se puede tener en esta Administración, si la sensación que se trasmite es de inutilidad y desprecio a la ciudadanía….
Que las paredes de nuestra ciudad sigan llenas de pintadas vandálicas es un fracaso por culpa de la inoperancia de la Administración, que es su propia adversaria: por no vigilar, por no prevenir y por no limpiar. Y por atarse ella misma de pies y manos, ya que dicen que no pueden retirar porquería visual de pared privada si no es a demanda y previo pago, pequeño, pero pago. Ya se pueden llenar la boca, los políticos, hablando de los miles de pintadas borradas, porque lo único que provocan es estupor y ganas de regalarles unas tablas de cálculo y unas gafas. Quienes tienen la responsabilidad de administrar los intereses de la comunidad han de remover los obstáculos que les impiden actuar con justicia y eficacia.
Las tramitaciones por incumplimiento de normativa de licencias pueden llevar perfectamente 3 o 4 años de camino y ahí no acaba la cosa. «Es muy garantista, la Administración», dicen, como si así a secas eso fuera lo perfecto. Pero se ve que garantizan, especialmente, los derechos de quienes actúan con egoísmo y van a la suya, saltándose normas de convivencia y perjudicando al resto. Si algún celador de Cort levanta acta, pongamos por irregularidades en actividades, luces, letreros o decorados inapropiados en una fachada, puede perfectamente pasar cerca de un lustro resolución tras resolución y un periodo de alegación tras otro. Cuando la solución llega tarde, no es solución, es injusticia. Porque quienes sí cumplen, lo padecen y no tienen premio. Lo que sería razonable es que en el minuto cero se obligue a asumir la norma, y si luego se les multa y recurren, que lo hagan. Pero durante esos años la ciudad y la ciudadanía digna, la inmensa mayoría, habrá salido beneficiada.
Por decisión de la Administración, el cuidado de nuestros jardines, la redacción de una parte del PGOU, el mantenimiento de las fuentes, la limpieza de las murallas… están en manos de contratas privadas. Entre contrata y contrata a veces hay meses de vacío, de prórrogas, de recursos y de abandono. Si se olvidan de poner un requisito en los pliegos, nos quedamos sin esos detalles.
Plantear la necesidad de alguna brigada municipal de reparación de esculturas y elementos patrimoniales, o de algún cuerpo de guarda que haga labores de mantenimiento y control en espacios públicos sin porra ni pistola, es poco menos que pedir la luna. Las ideas que ahorrarían mucho dinero a la Administración, no son asumibles por ella.
Creo firmemente que hoy en día uno de los grandes enemigos de la desafección ciudadana es una Administración bien intencionada pero anquilosada en sus propios controles insoportables. Unos controles que, por cierto, a veces asustan por exceso de celo y meten injustamente en el calabozo a funcionarios simplemente por formar parte de una mesa de contratación, como le ocurrió al jefe de departamento de Movilidad en el año 2016. Prisión sin fianza, para luego, una vez pasado el mal trago, ser totalmente exonerado de cualquier culpa.
Un exceso de celo imperdonable que puede llevar a la paralización. Ya he dicho en alguna ocasión que la mayor corrupción es una Administración lenta y paralizada, aunque eso no sea punible.
