Vecinos y entidades rechazan el proyecto de rehabilitación de Sa Garrigueta y Can Rosselló

Consideran que "las supuestas mejoras y cambios en el proyecto no resuelven los principales problemas. Entre ellos citan el impacto negativo sobre los barrios del entorno y el riesgo de accidentes graves en la carretera de acceso, y que estos impactos "se tengan que sufrir" 20 años, un tiempo considerado excesivo pese a que se ha producido una rebaja de 10 años en relaciónm al proyecto inicial presentado por las propiedades de ambas explotaciones.

También ponen de manifiesto que la propuesta informada favorablemente" no despejan las dudas sobre la inviabilidad de los proyectos por la magnitud de las canteras a restaurar" y "las más que fundadas sospechas" sobre la verdadera naturaleza de la actividad prevista en las canteras. Estas sospechas estarían avaladas por la falte del informe de la Dirección General de Residuos que, según la plataforma, "debe ser previo, preceptivo, vinculante y determinante" para calificar el tipo de actividad propuesta y su canal de tramitación, "ya sea como restauración o como una actividad industrial de clasificación y tratamiento de residuos".

También echan en falta que no se defina el tipo de materiales a verter en la cantera y de dónde saldrá el volumen necesario. Asimismo la comisión insta a tramitar la pretensión de uso de maquinaria por parte de las propiedades, algo "que es sustancial al proyecto" y el hecho de que "nadie compra una cantera amortizada solo para rehabilitarla" por lo que sospechan que "con esta excusa, en realidad, se esconde un negocio de vertedero/escombrera y planta de tratamiento de residuos.

Igualmente recuerdan que si bien el informe aprobado hace referencia al artículo 3.7 de la ley de Medio Ambiente, que insta a tener en cuenta el valor social de los proyectos, y en realidad lo que hace es situarse "ante un conflicto social, que solo puede agravarse en la medida que se pongan en marcha los proyectos".

Por ello, esta plataforma ciudadana, integrada por la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, Nova Son Roca, Establiments, Son Anglada, Secar de la Real, Son Rapinya, Son Espanyol, Son Roqueta, Son Llull-Son Serra-la Vileta, el GOB, Terraferida, Ciutat per qui l'Habita, Amics de la Terra y Joventut Pel Clima instan al pleno de la comisión política de la Comisión Balear de Medio Ambiente a tener en cuenta las anteriores consideraciones y a "no tomar decisiones en base a informes técnicos, sin firma técnica y con graves deficiencias administrativas y de calidad de contenido, por muy aprobados técnicamente que estén".

Igualmente, instan a la FELIB, como representante del Ayuntamiento de Palma, a tener en cuenta "el mandato político adoptado por unanimidad" en el pleno de Cort de diciembre del año pasado y, en consecuencia, pida la retirada de lo proyectos.

También instan a los representantes políticos e institucionales que integran el pleno de la comisión política a que "voten desfavorablemente y pidan a las empresas propietarias de las canteras que presenten otros proyectos viables, basados en la reutilización del espacio de forma adecuada a las condiciones medioambientales y también humanas y vecinales del entorno en el que se ubican".

Por último, consideran que "hay argumentos técnicos, de procedimiento, políticos y humanos más que suficientes para rechazar estos proyectos y para ponerse a trabajar en otros nuevos bien fundamentados y de consenso".

Desde la Federación de Vecinos han criticado la postura del representante del Ayuntamiento de Palma en la subcomisión técnica, Ramón Perpinyà, que si bien rechazó la aprobación del informe favorable, no exigió la retirada de los proyectos como hizo el representante del GOB.

Perpinyà manifestó que su voto en contra en la comisión técnica se debe a varios motivos, entre ellos que considera que el estudio de Movilidad que van a condicionar los trabajos de restauración debería ser anterior al pronunciamiento favorable y no posterior. Asimismo, considera que no se tienen en cuenta que las canteras están situadas en medio de barriadas densamente pobladas y que no se toman medidas suficientes para garantizar la inexistencia de molestias, además del gran volumen de materiales que se deben mover para ejecutar el plan de restauración sin tener la garantía de que se podrán conseguir.