El mercado inmobiliario privado está «completamente cerrado» a colaborar para realojar a los habitantes de Son Banya, por lo que el ayuntamiento de Palma tiene que confiar en que el parque público de vivienda podrá absorber a las 40 familias que todavía residen en el poblado gitano.
Lo explica el director general de Bienestar de Palma, Joan Antoni Salas, que asegura que su concejalía ha mantenido reuniones con agencias y promotoras inmobiliarias con el fin de ofrecerles un acuerdo de colaboración para dar techo a las familias del poblado.
Sin embargo, las negociaciones no tuvieron éxito y Cort tendrá que apostarlo todo a las instituciones que gestionan vivienda pública en Ciutat, que en resumidas cuentas son el Patronato Municipal de la Vivienda de Palma (PMHP) y el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi).
Los propietarios y empresas inmobiliarias apelan a la «incertidumbre» que les genera alquilar o vender pisos a los habitantes de Son Banya, según explica el director general. Durante las reuniones, los empresarios mostraron su desconfianza con la seguridad y estabilidad financiera de los de Son Banya, aunque los representantes del ayuntamiento de Palma insistieron en que el Consistorio está detrás del proyecto y que las arcas municipales cubrirían los pagos que los inquilinos no puedan afrontar a través de ayudas sociales.
El argumento de Cort no convenció, por lo que desde la concejalía de Bienestar Social tienen que arreglárselas para realojar a las cuarenta familias restantes en cuarenta viviendas públicas. Aunque a falta de un censo oficial, porque «cuando se habla de Son Banya todo son cifras aproximadas», el director general calcula que de esta manera se podría dar Son Banya por erradicado.
La intención del Ayuntamiento es que el Patronato Municipal de Palma ceda 10 pisos y el Ibavi, del Ejecutivo autonómico, facilite los 30 restantes: «Pensamos que es justo que el Govern balear se implique en este proyecto tan importante», dice Salas, que insiste en que el departamento asumirá los términos y condiciones que consideren las instituciones para la cesión.
Todo esto, si la concejalía logra cerrar el acuerdo con ambas entidades. De momento, no hay nada seguro, aparte de las reuniones que mantienen entre las instituciones, y el director general advierte: «Si no llegamos a un acuerdo, será imposible desmantelar Son Banya antes del 2024».
Cabe recordar que en julio del 2021, el pleno del ayuntamiento de Palma aprobó por unanimidad el desmantelamiento del poblado, con fecha límite el 31 de diciembre del 2023. La medida incluía el realojo de las familias vulnerables que habitan la zona y que cumplen con una serie de compromisos, como tener a sus hijos escolarizados o no llevar a cabo actividades económicas relacionadas con el tráfico de drogas. En caso de no cumplir, los afectados no pueden adherirse a las ayudas y al programa de realojo.
No obstante, la dificultad de encontrar viviendas alternativas se suma a la lentitud de los procesos judiciales y eterniza el proyecto, cuyo plazo de ejecución se tendrá que acabar alargando si la situación no se desbloquea.
De momento, el ayuntamiento de Palma está a la espera de una sentencia que avale el desalojo de una vivienda. En el momento en que tengan la autorización judicial, indica Salas, ya se podrá derrumbar la manzana número dos, la primera que queda a la derecha nada más entrar al poblado.
Por motivos técnicos que apelan a la seguridad, en 2020 se modificó el proyecto inicial para derribar la población por manzanas en lugar de casa por casa, por lo que hace falta resolver la situación de cada chabola para poder derrumbar la hilera entera.
En este caso, todavía está pendiente de solucionar la orden judicial de una vivienda ubicada en medio de la manzana en cuestión. En todo caso, desde Cort confían en que la situación se solucione en las próximas semanas para tener el bloque, que alberga ocho viviendas, derrumbado antes de finales de año.
A lo largo de los 53 años de vida del poblado gitano, los habitantes han visto hasta cuatro planes de realojamiento que han ido cayendo en saco roto. Después de medio siglo, parece que todo está a punto de ser historia. Si bien la pandemia, la difícil situación del mercado inmobiliario en Palma y la calma de la justicia han estancado e incluso paralizado el proyecto en varias ocasiones.
Entre los inconvenientes con los que ha tenido que lidiar Cort también está el recelo y la desconfianza del pueblo gitano. A pesar de prometerles un futuro mejor, los habitantes de Son Banya se han opuesto durante mucho tiempo al derribo de su hogar e incluso han llegado a reconstruir algunas chabolas derruidas. Con todo, desde la concejalía de Bienestar Social ya han aclarado varias veces que las familias realojadas se han integrado en la sociedad «con éxito»y sin que se registre ningún problema.
