La actual teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, ha comparecido esta mañana después de la celebración de la gerencia de Urbanismo y ha afirmado que no va a dimitir de sus cargos al frente del Ayuntamiento, ni va a dejar el acta ni va a renunciar a ser candidata por Més per Palma a las próximas elecciones municipales.

Truyol ha manifestado en este sentido que, pese a que la Fiscalía pide para ella y la exgerente de Emaya en el pasado mandato cuatro años de cárcel por un presunto delito medioambiental, "no estoy incumpliendo el código ético del partido, que obliga a dimitir aquellos cargos que estén imputados o investigados en casos de corrupción o en alguna cuestión "que vaya en contra de los principios ideológicos del partido", algo que no se da en esta situación, aseveró, puesto que pese a que se le acusa de un delito contra el medio ambiente, ha afirmado que su actuación al frente de Emaya entre 2015 y 2019 se caracterizó por intentar solventar un problema "histórico" como eran los vertidos de aguas residuales mezclados con pluviales a la bahía de Palma

Si no hay cambios, desde los partidos que conforman el tripartito de Cort, tampoco le exigirán ni que dimita ni el acta de concejal, puesto que el lunesr apoyaron unánimemente el trabajo realizado por Truyol y su equipo en Emaya y manifestaron no compartir la decisión de la Fiscalía de reclamarle cuatro años de cárcel. Esta no es, no obstante la postura del grupo municipal del PP, que ya ha solicitado al alcalde que destituya a Truyol de todos sus cargos en Cort, aunque "por respeto a la presunción de inocencia" no le exigen el acta de concejal, al igual que del grupo municipal de Ciudadanos, que hoy ha exigido a la teniente de alcalde que deje todos sus cargos y abandone Cort.

En su comparecencia, Truyol ha manifestado que el saneamiento de la bahía de Palma no es una cuestión que competa en exclusiva al Ayuntamiento, y de forma más directamente a Emaya, sino que es un asunto "en el que tienen competencias compartidas todas las administraciones: Cort, el Govern y el Gobierno central". Al respecto, ha afirmado que todas tenían conocimiento de las "graves carencias" de los sistemas de saneamiento por disponer de unas instalaciones obsoletas en las que desde hacía años no se habían realizado las inversiones necesarias, aunque en ningún caso los vertidos que se producían superaban los parámetros permitidos por la legislación vigente. Es más, ha recordado que cada vez que se producía un vertido ya sea por una avería en alguna de las instalaciones o por un exceso de volumen a tratar como cuando se producían lluvias, "Emaya informaba en cada ocasión tanto al Govern, como al Ministerio".

No obstante, esta información no se ponía en conocimiento, al menos por parte del anterior gobierno municipal del PP, de la población. Fue precisamente en 2015, al inicio de su mandato, "por responsabilidad, seguridad y transparencia" que se comenzó a informar a la población cada vez que se producía un vertido y, en caso de ser necesario, se colocaba la bandera roja en las playas hasta conocer los resultados de la analítica.

Ha manifestado "su sorpresa" por el hecho de que la Fiscalía circunscriba unos hechos históricos que se producían desde hace años "a dos ejercicios concretos" del anterior mandato (entre 2016 y 2918), afirmando que en estos ejercicios no se habían puesto los medios suficientes para parar los vertidos. Para Truyol se trata de una acusación "injusta" puesto que su equipo en Emaya "trabajó desde el primer momento para revertir esta situación". Ha recordado que una de las primeras gestiones "que realicé personalmente" ante el anterior conseller de Medio Ambiente, fue conel fin de recuperar el canon de saneamiento, con el que se consiguieron en jun primer momento más de 30 millones de los cien no invertidos en años anteriores por gobiernos del PP, con los que se pudieron redactar y ejecutar el nuevo colector interceptor de aguas residuales y el tanque de tormentas, infraestructuras cuyas obras están a punto de concluir y que permitirán evitar el 90% de los vertidos que se producen en la bahía cuando llueve.

Otra de las primeras actuaciones, consistió en exigir al Gobierno central el compromiso de redactar el proyecto y financiar y ejecutar las obras de la nueva depuradora de aguas residuales y del emisario submarino, compromiso alcanzado en 2018 con la firma de un protocolo con el ministerio de Transición Ecológica, que se ha materializado en la redacción del proyecto para la nueva depuradora y el compromiso de redactar y ejecutar un nuevo emisario submarino.

La preocupación por la obsolescencia de las infraestructuras de depuración les llevó, también al principio del pasado mandato, a aprobar en 2016 por parte de Emaya un Plan de Acción de mejora del saneamiento de la ciudad, que incluyen actuaciones por un importe de 200 millones de euros a aportar y ejecutar por parte de distintas administraciones. En el caso de Emaya, se comprometían a iniciar un ambiciones programa de separación de las redes de aguas residuales de las pluviales, hecho que causa en buena medida el desbordamiento de las instalaciones de depuración cuando llueve.