La Defensora de la Ciudadanía, Anna Moilanen, ha manifestado esta mañana su "preocupación por los hechos de violencia extrema registrados en la frontera de Melilla" y ha reclamado "a quien corresponda" que "ponga todos los medios necesarios para que no vuelvan a ocurrir". Asimismo ha manifestado su pésame a las familias de las personas fallecidas.
Así ha comenzado esta mañana el pleno extraordinario convocado para dar cuenta de la memoria de la Oficina de la Defensora de la Ciudadanía correspondiente al año pasado, en la que Anna Moilanen ha puesto de manifiesto, una vez más "el derecho que tienen todos los ciudadanos a ser atendidos presencialmente por la administración municipal si así lo estiman conveniente". Ha insistido que "sobre esta cuestión la ley es clara" y ha manifestado que "no tiene ninguna justificación que en algunos contextos se continúe disuadiendo o limitando el acceso presencial a la administración con justificaciones de tiempos de la pandemia".
En una intervención que ha durado poco más de 20 minutos ante un pleno al que ya no han asistido los ya exconcejales de Podemos Sonia Vivas y Andrés Rodrigo Romero, por lo que se ha producido un empate a 13 entre los concejales del equipo de gobierno y los de la oposición al no haber asistido a la sesión el regidor no adscrito Josep Lluís Bauzà, la Defensora ha ido desgranando los datos más relevantes de la memoria correspondiente al año pasado.
Entre ellos ha explicado que en 2021 se abrieron 64 nuevos expedientes con la consideración de vulneración de derechos de la ciudadanía, se reabrieron 5 y se rescataron 81 de años anteriores, por lo que se trabajó en un total de 150. A estos se suman los relacionados con la información, mediación y asesoramiento, que alcanzaron la cantidad de 356, y los 16 remitidos por el Defensor del Pueblo.
Moilanen ha explicado que su oficina trabajó el año pasado sobre un total de 522, con cuatro resoluciones a favor de la ciudadanía sobre cada diez, frente a las seis sobre cada diez que se registraron en 2020.
El ruido, el incivismo en cuanto a la suciedad y la demora en la respuesta a las quejas y reclamaciones ciudadanas fueron los motivos más reiterados . Por lo que respecta al tiempo re resolución de los expedientes, la memoria pone de manifiesto que éste es variable en función de la complejidad de la denuncia. Ha señalado que el 63% del total de expedientes se ha resuelto en menos de un año, aunque ha criticado que un 37% de los expedientes resueltos el año pasado venían tramitándose desde hacía al menos dos años y alguno databa de 2010.
Moilanen ha reclamado una vez más que se cumpla con el compromiso plenario de dotar a al oficina de más personal y, en especial de otro técnico, ya que en estos momentos la situación es "desesperante" ya que con la baja de uno de los trabajadores no disponen de un 25% de la plantilla. Ha señalado que el coste aproximado de la institución fue de 0,49 euros por habitante y ha criticado el hecho de que el Parlamet "incumple el Estatut tras casi 40 años sin nombrar al Síndic de Greuges".
La portavoz de Ciudadanos, Eva Pomar, ha pedido que por parte del equipo de Gobierno "no se haga el vacío a la Defensora y que el Ayuntamiento atienda sus demandas".
Por su parte, Fulgencio Coll, de Vox, ha reiterado la posición de su partido en el sentido de considerar "redundante e innecesaria" esta institución porque a su entender, son los partidos de la oposición y las asociaciones vecinales quienes realizan el trabajo de vehicular las quejas de los ciudadanos.
Mercedes Celeste, del PP ha dado la enhorabuena a Moilanen "por el trabajo realizado" y ha considerado que es una institución "a la que los ciudadanos acuden cuando están desesperados por la inacción municipal".
Por su parte, el alcalde, José Hila, ha puesto en valor la existencia de la oficina de la Defensora de la Ciudadanía, y ha manifestado "la valentía del equipo de gobierno para que los ciudadanos dispongan de una vía para defender sus derechos".
