El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma, integrado por el PSIB-PSOE, Unidas Podemos y Més per Palma, ha reiterado su apoyo a la actual teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, y al resto de imputados den el denominado "caso Emaya", después de que la fiscalía haya pedido que tanto ella como la anterior gerente de esta empresa municipal, Inma Mayol, sean condenadas a cuatro años de cárcel, como presuntas responsables de los vertidos de aguas residuales al mar. El equipo de gobierno municipal ha reiterado que "respeta, aunque no comparte" la petición de la fiscalía por la comisión de un presunto delito contra el medio ambiente y ha remarcado que cuando Truyol estuvo al frente de Emaya se hicieron "más actuaciones que nunca para solucionar" el problema histórico de los vertidos de aguas fecales mezclados con pluviales a la bahía de Palma.
Desde el gobierno municipal se recuerda que cuanto Truyol estuvo al frente de Emaya, entre 2015 y 2019, entre otras actuaciones, se procedió a la limpieza del colector de aguas pluviales de la Platja de Palma, el denominado CAZ, que no se había limpiado en 20 años. Asimismo, se recuperó el canon de saneamiento, "que el Govern del PP de José Ramón Bauzá decidió que debía destinarse a otras necesidades", pese a que se trataba de un dinero finalista. Asimismo, se pusieron en marcha "proyectos clave para revertir la situación: la construcción del tanque de tormentas o laminación, así como el nuevo colector interceptor de aguas residuales" cuyas obras están prácticamente finalizadas y posibilitarán la reducción del 90% de los vertidos cuando llueve y que obligan a cerrar las playas de Can Pere Antoni y Ciutat Jardí. Asimismo, se procedió por parte de Emaya a la compra de los solares para la construcción, por parte del Gobierno central, de la nueva depuradora.
Durante el actual mandato, y como consecuencia de las gestiones realizadas en el anterior, se están ejecutando las obras del tanque de tormentas y del colector interceptor, con dinero de canon de saneamiento recuperado. Asimismo, se ha cerrado la financiación para la construcción de la nueva depuradora con el Gobierno central, cuyo convenio ya está firmado. Igualmente se ha aceptado por parte de Madrid la construcción del nuevo emisario con una longitud suficiente para que no vierta dentro de la pradera de posidonia.
Por su parte, Truyol ha manifestado que "somos el equipo de gobierno que más ha hecho para revertir al situación", además de recordar que "en las últimas décadas no se realizaron las inversiones necesarias para arreglar unas infraestructuras de saneamiento deficitarias". Asimismo ha recordado que "hasta el pasado mandato no se habían cerrado las playas para proteger la salud pública" cuando se producían vertidos.
Igualmente, Truyol ha manifestado su sorpresa por el hecho de "que se materialice la acusación pese las pruebas y documentos que se han aportado a la causa, que demuestran de forma contundente que se trabajó para solucionar los vertidos, tal como confirman los proyectos que se están ejecutando en estos momentos".
Igualmente, ha criticado que se haya "encausado al equipo de gobierno que más `proyectos, inversiones e información pública ha realizdo en los últimos 7 años", porque "reducir los vertidos e informar de ellos no es ningún delito", ha insistido. Igualmente la teniente de alcalde de Més considera "sorprendente que la investigación se enmarque en años muy concretos, sin cuestionaar a otros equipos de gobierno, pese a que los vertidos se producen desde hace décadas".
Ha recordado asimismo que "Emaya no tiene competencias para la construcción de un nuevo emisario y nueva nueva depuradora", que son responsabilidad del Gobierno central. Pese a lo anterior, "se realizaron gestiones" desde la presidencia de Emaya justo después de tomar posesión en 2015 "con el fin de revertir la situación, motivada por la obsolescencia de una depuradora de los años 70 y una red de alcantarillado única para fecales y pluviales". Además, insiste en que "la empresa municipal cumplía y cumple con toda la normativa sectorial protectora del medio ambiente".
Ha insistido nuevamente en que "la investigación se inció por motivos que nada tienen que ver con el medio ambiente". De hecho, "la denuncia partió de una persona vinculada a la derecha que discrepaba del decreto de posidonia" del Govern y ha asegurado además que "se ha actuado con transparencia y se ha explicado a la población la problemática y las soluciones con las que se está trabajando".
Por todo ello, desde el equipo de gobierno de Cort "no se entiende que quien más ha hecho para revertir la situación acabe encausado y que no se investigue a quien menos ha hecho para paliar el problema". Han recordado nuevamente que "los episodios de vertidos al mar no se iniciaron a producir en 2015", sino de mucho antes. "Era una situación que se conocía y los anteriores gestores no hicieron nada para cambiarla, sino que se escondía el problema", se afirma en la nota. De esta forma, cuando se producían vertidos no se cerraban las playas, "poniendo en riesgo la salut de la ciudadanía". Asimismo, se indica que "no se hizo ninguna inversión para evitar estos vertidos pese a que los responsables políticos conocían la necesidad porque los técnicos se lo habían comunicado en varias ocasiones".
Recuerdan igualmente que la justicia archivó hace diez días la denuncia contra el Govern por prevaricación al no haber sancionado al Ayuntamiento de Palma por los vertidos al mar. Como ya se ha indicado, insisten que que "fue la gestión de Truyol y su equipo al frente de Emaya la que hizo posible que el Ejecutivo autonómico recuperase las inversiones del canon de saneamiento para mejorar las infraestructuras".
Por su parte, el PP de Palma ha solicitado al alcalde, José Hila, que destituya a Truyol de todos sus cargos y funciones, debido a la petición de la fiscalía. Jaime Martínez, presidente del PP palmesano, ha remarcado que se respeta la presunción de inocencia de Truyol y, por ello, no se solicita que entregue el acta de concejal, sino que deje de ejercer sus cargos. Desde el PP se insiste que lo sucedido estos últimos siete días, con la destitución de dos concejales de Podemos y la apertura del juicio oral contra Truyol "demuestra la inestabilidad del gobierno de Hila".
