Seis familias, algunas de ellas con hijos pequeños, tuvieron que abandonar ayer un inmueble, donde habían entrado ilegalmente, para cumplir una orden judicial, que dictaminó el desalojo de este edificio. El juzgado actuó a instancias de una empresa constructora, que adquirió hace poco este edificio casi abandonado y denunció que el inmueble amenazaba ruina, por lo que pedía el desalojo inmediato de las 28 personas que vivían en las seis viviendas. También aportó el propietario el expediente del ajuntament de Palma que se instruyó por el mal estado del inmueble, ubicado entre las calles Miquel Angel Riera y Gumersindo, instando al propietario a que adoptara las medidas de seguridad necesarias.
Este edificio lleva siendo okupado desde hace casi diez años. Las familias entran y salen, en función de sus necesidades, pero la mayoría de ellas habitan estas casas porque no encuentran otro lugar donde vivir. No solo porque el alquiler que se pide en estos momentos es casi inasumible, sino porque muchos propietarios se niegan a arrendar su casa a personas de color o a cualquier tipo de inmigrante. En estos momentos en este edificio vivían 28 personas, dos de ellos menores.
Una de las mujeres que tuvo que abandonar esta casa es Yohanna. Es dominicana y llevaba un año y medio okupando este piso, junto a sus dos hijos pequeños, su madre y sus dos hermanos. No tenían agua corriente, pero sí electricidad. El piso lo han ido acomodando y amueblando con el tiempo, pero ayer se vieron obligados a abandonar la vivienda, porque la Policía Local, cumpliendo la orden del juez, les obligó a salir. «No tenemos donde ir. Hemos intentado alquilar una casa, pero no hemos podido. Nos hemos entrevistado con muchos propietarios, pero no les gusta tener inquilinos dominicanos. Es otro tipo de racismo», afirma la mujer.
Los vecinos, en un intento desesperado de evitar el desalojo, se pusieron en contacto con la asociación Stop Desahucio. El portavoz de este movimiento, Joan Segura, acompañado de otras dos voluntarias, intentó ayudar a las familias, buscando todas las fórmulas posibles para evitar que estas personas tuvieran que abandonar estas casas. Incluso intentaron montar una barricada frente a la puerta, ante la posibilidad de que la Policía Local intentara derribarla a la fuerza, pero al final optaron por dejar libre la entrada. Segura explicó que la situación de estas familias era desesperante. Se quejó de que nadie de Asuntos Sociales de Cort se hubiera presentado en el edificio para ofrecerles una solución a estas familias, sobre todo teniendo en cuenta que había menores viviendo en este inmueble, situado en la barriada de Arxiduc.
Otros moradores no pusieron tantas pegas para abandonar las casas, porque conocían la orden de que debían irse. Unos se fueron antes de que llegara la Policía Local. Otros, en cambio, esperaron hasta el último momento, cuando ya no había posibilidades de permanecer más tiempo en el inmueble.
Joan Segura negó la afirmación de que el edificio amenazaba ruina. «Si estuviera a punto de caerse habrían puesto puntales. En los pisos no hay grietas, ni manchas de humedad», aseguró el activista.
