La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma acordó ayer iniciar el expediente de recuperación de oficio del antiguo velódromo de Palma, un espacio que ahora habitan varios grupos de personas en asentamientos ilegales.
Para desalojar el lugar y recuperar el edificio, que forma parte del sistema general de Parques y Jardines —la ‘Falca Verda’—, el Ayuntamiento da un plazo de diez días a los afectados para que comparezcan y hagan las alegaciones pertinentes. De momento, la Policía Local de Palma ha identificado ya a 11 personas, mientras se trata de localizar al resto y comunicarles la medida.
Pasados los diez días, si ninguno de los afectados presenta alegaciones, se entenderá que están conformes con abandonar el inmueble y dispondrán de otros ocho días para marcharse, antes de que el Consistorio ejecute la medida. En concreto, el acuerdo aprobado es un expediente de recuperación del edificio.
Lo explicó ayer el portavoz de Cort, Alberto Jarabo, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que también se aprobó destinar 801.000 euros a la contratación de un servicio de intervención social en el barrio de Son Riera, conocido como Son Banya.
Intervención social
El también regidor de Participación Ciudana y Gobierno Interior aseguró que el objetivo de Cort es la «erradicación definitiva» del poblado de Son Banya, realojando de paso a todas las familias que lo precisen y acompañarlas en su integración social mientras se asientan en un nuevo entorno y forma de vida.
Gran parte de los habitantes del barrio palmesano son familias en riesgo de exclusión social, una condición que se acentúa todavía más con el desmantelamiento del poblado, explicó ayer el Ayuntamiento en la rueda de prensa.
Estas circunstancias, concretó Jarabo, requieren de una intervención social en el lugar para conocer la situación de cada familia, valorar sus necesidades y establecer un plan de mediación, prestando una especial atención al seguimiento escolar de los menores y formativo o laboral en el caso de los adultos.
Dada la «falta de medios municipales para garantizar este servicio» y las «graves consecuencias» que podría tener no llevarlo a cabo, puntualizó el regidor, ayer se aprobó el expediente de contratación por un importe total de 801.000 euros. La medida, en cualquier caso, pretende avanzar en el desmantelamiento del poblado, un objetivo que Cort no pierde de vista pese a que se aprobó hace cuatro años, durante la alcaldía de Antoni Noguera, y se ha retrasado más de lo esperado por circunstancias como la falta de órdenes judiciales de desalojo o la dificultad para encontrar viviendas alternativas.
