La sección sindical de la CGT en Emaya-Medi Ambiente ha convocado ayer y hoy concentraciones entre la una del mediodía y las tres de la tarde ante la sede de la empresa situada en la calle Joan Maragall con el fin de denunciar «las sanciones abusivas de los expedientes disciplinarios abiertos al personal».

Según esta sección sindical la empresa ha contratado a detectives privados con el objeto de investigar al personal durante su jornada laboral con el fin de poder sancionar con el despido, «lo que está conduciendo a una reducción de la plantilla para en un futuro privatizar los servicios públicos, una realidad que estamos viviendo en otros sectores de la empresa», denunció José Luis García Monteagudo, delegado sindical de la CGT.

Este sindicato también manifestó que la dirección de la empresa utiliza estas prácticas para, presuntamente, «amedrentar y coaccionar al comité de empresa», asegurando además que «esta dirección utiliza las amenazas para impedir que podamos ejercer nuestro derecho a impedir que se lleven a cabo despidos en la empresa incumpliendo presuntamente la legalidad y utilizando procesos de negociación en los que está inmersa la empresa con el personal para atemorizar con que no se llevarán a término estos acuerdos en caso de que no se retire la convocatoria de concentración».

Las protestas cuentan con el apoyo de los representantes sindicales de USO y USTE, algunos de cuyos miembros estuvieron presentes en la concentración de ayer.

Desde la empresa municipal ayer se «matizaron y desmintieron» algunas de las afirmaciones de los representantes sindicales de CGT, afirmando rotundamente la inexistencia en la empresa de «sanciones abusivas» ya que todos los expedientes abiertos «se tramitan según el protocolo establecido y con todas las garantías» al tiempo que «se resuelven de acuerdo a lo establecido en la legislación y según como determina, si es el caso, la gravedad de la infracción». Desde la empresa insisten asimismo que la apertura de expedientes se realiza precisamente «para garantizar el buen uso de los recursos públicos y que los trabajadores cumplan con sus obligaciones».