La Policía Local de Palma inició ayer, día 2 de mayo, el dispositivo especial veraniego con una campaña informativa que se prolongará a lo largo de las próximas dos semanas en la que los agentes recordarán a los responsables de los establecimientos la normativa autonómica y municipal que está en vigor con el fin de combatir el turismo de excesos o de borrachera

La teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Joana Maria Adrover, manifestó, no obstante, que la campaña de recuerdo de la normativa no impedirá que los agentes levanten las correspondientes actas de infracción en el caso de que alguna de las normas sea incumplida, que ninguna de ellas, como el decreto ley 1/2020 contra el turismo de excesos, la ordenanza reguladora del uso cívico de los espacios públicos y las declaraciones de Zonas de Especial Interés Turístico (ZEIT) en Palma son nuevas.

La teniente de alcalde recordó que la campaña de refuerzo estival, que se ha puesto en funcionamiento a partir de este lunes y se prolongará hasta el próximo mes de septiembre supone un gasto adicional para las arcas municipales de un millón de euros, con un incremento medio diario de 100 policías en relación a la dotación existente en temporada baja. 

Según Adrover, ello es posible porque ya están prácticamente operativos los 101 agentes que han aprobado las oposiciones y que hasta ahora o bien han estado realizando sus prácticas o el curso de la Escuela Balear de Policía. 

Se espera también que a lo largo del presente verano se puedan incorporar otros cincuenta auxiliares de policía incluidos en el bolsín convocado, además de un número aún indeterminado de vigilantes privados, que apoyarán la labor de la Policía Local en zonas acotadas, que se contratarán con los 150.000 euros aportados por el Govern para la lucha contra la covid-19. 

La teniente de alcalde recordó que el decreto contra el turismo de excesos del Govern contempla sanciones de hasta 600.000 euros para las conductas más graves como la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. 

En esta campaña también se dan a conocer las sanciones previstas en la ordenanza reguladora del uso cívico de los espacios público (ORUCEP), que contempla sanciones de hasta 3.000 euros si se consumen bebidas alcohólicas y otras drogas que alteren la convivencia ciudadana, si se impide el uso de un bien público, si se practica el botellón o se está en una concentración no autorizada, si se provoca un deterioro grave, inmediato y directo de la tranquilidad del entorno. También se imponen sanciones de 3.000 euros en las denominadas Zonas de Intervención Especial, que afecta, entre otras, a la primera línea de la Platja de Palma , y en las Zonas de Especial Interés Turístico (ZEIT), delimitadas en la Platja de Palma, el centro de la ciudad, el paseo Marítimo, y Cala Major. En estas zonas no se puede publicitar la venta de alcohol y se prohíbe la publicidad dinámica indiscriminada, se obliga a los biergartens a delimitar sus terrazas.

También se tendrá una especial atención a la venta ambulante no autorizada. Al respecto, Adrover ha afirmado que es una labor que se realiza durante todo el año, aunque se intensifica en verano. Prueba de ello es que las actas levantadas por este motivo si se considera todo el año pasado fueron de ocho al día, mientras que si solo se tienen en cuenta los meses de temporada alta la media sube a 25. 

LAS CLAVES

Un millón de euros para el refuerzo veraniego

El refuerzo estival supondrá un desembolso de un millón de euros de las arcas municipales.

Más de cien agentes de media diaria

Este incremento del gasto permitirá disponer de un refuerzo policial que incluye más de cien agentes en relación a la dotación existente en temporada baja.

Medio centenar de policías interinos

A lo largo de la temporada alta se prevé la incorporación de más de medio centenar de agentes procedentes del bolsín de interinos.

Campaña informativa de dos semanas

Una de las primeras actuaciones incluidas en el refuerzo policial del presente año consiste en la puesta en funcionamiento de una campaña informativa para recodar la normativa a aplicar tanto autonómica como municipal contra el turismo de excesos.