Cuando se cumplen 50 años de la construcción de los embalses de Cúber y Gorg Blau para el abastecimiento de agua a Palma, el Ayuntamiento, a través de Emaya, y el Govern balear siguen enzarzados en una batalla administrativa que ya ha derivado en judicial con el fin de dirimir la propiedad del terreno que ocupa el agua del primer pantano.
Hace tan solo dos años que se libró el último episodio, consistente en la interposición por parte de la junta de gobierno del ayuntamiento de Palma de un recurso contra la denegación de la inscripción de la superficie de 691.103 metros cuadrados ocupados por la lámina de agua de la superficie del embalse de Cúber a nombre de la administración municipal. Un trámite judicial que, según la Empresa Municipal de Aigües i Clavegueram (Emaya), a la que el Ayuntamiento traspasó la propiedad de esta finca en el momento de su creación, aún no se ha resuelto.
Según la versión municipal, la parcela catastral que ocupa la parte sumergida de Cúber fue incorrectamente inscrita en 1990 por la administración a su nombre cuando, sostienen, es de titularidad municipal desde 1974.
En esta fecha, la superficie de la finca de Cúber que ocupan las aguas del pantano fue adquirida por expropiación por la administración municipal, aunque el Estado, a través del entonces Ministerio de Obras Públicas, subvencionó el 33% de su precio.
Cuando finalizaron las obras de esta presa y de la vecina del Gorg Blau, con la que se interconecta, el Gobierno central no hizo tan solo entrega a Cort de las instalaciones, «sino también de los terrenos afectados por éstas y que el ayuntamiento de Palma adquirió en propiedad, como beneficiario de la expropiación que llevó a cabo la administración estatal», tal como se señala en el recurso presentado.
No obstante, en 2012 el Govern solicitó al registro de la propiedad de Inca, del que depende el municipio de Escorca en el que está ubicado Cúber, la inscripción a su nombre de esta parcela «sin presentar título de propiedad alguno y por el simple hecho de estar ubicada en el centro» de otras parcelas catastrales que rodean la presa y que sí son propiedad de la Administración Autonómica, adquiridas también por expropiación.
Esta inscripción, desconocida hasta aquel momento por la administración municipal, según se indica en el recurso presentado, «sorprendió en gran medida», puesto que no se explica que una simple solicitud de la administración autonómica haya servido para incorporarla como parte de su propiedad. Sin embargo, el Ayuntamiento solicitó en el registro de la propiedad de Inca la inscripción de esta superficie a su nombre, lo que le ha sido denegado. De ahí que en octubre de 2020 la junta de gobierno de Cort acordase interponer un recurso contra esta decisión ante la dirección general de la Seguridad Jurídica y Fe Pública del ministerio de Justicia, que aún no ha resuelto, según confirmó el teniente de alcalde de Medio Ambiente de Cort y presidente de Emaya, Ramon Perpinyà.
Perpinyà puntualizó que en ningún momento está en discusión ni la gestión de las instalaciones tanto de este pantano como el de Gorg Blau, propiedad de Emaya, ni la concesión de esta empresa municipal de la explotación del agua hasta 2060, en virtud de la concesión por 75 años aprobada en 1985.
