La Federació d’Associacions de Veïns de Palma y el Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) se concentraron ayer en la plaza de Cort pese al mal tiempo e intervinieron en el pleno correspondiente al presente mes de marzo reclamando al equipo de gobierno que escuche las alegaciones presentadas por distintas entidades al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Palma y, en consecuencia, se «replanteen» los crecimientos previstos en distintos suelos urbanizables situados en Son Sardina, Son Puigdorfila, los dos de Son Cladera, Son Toells, La Bonanova, Son Ximelis, el Parc Bit, Son Bordoy y Cas Pastors, entre otros.

En el comunicado conjunto de ambas entidades leído en el pleno por la presidenta de la Federació de Veïns, Maribel Alcázar, y la presidenta de la asociación de vecinos de Son Sardina, Agustina Fernández, consideran que en alguno de los anteriores casos se debe contemplar la supresión total y en otros su reducción, «aunque siempre escuchando lo que plantean las alegaciones y los posibles espacios de negociación con los vecinos y vecinas más directamente afectados por estos crecimientos». En cualquier caso, consideran que «se deben priorizar las viviendas sociales». En su intervención Alcázar dejó claro que la Federació de Veïns, defiende la aprobación de este Plan General, «infinitamente mejor» que la propuesta presentada como avance por el PP en 2014, aunque reclama la necesidad de limitar el crecimiento previsto.

Al respecto, consideraron que «se debe reducir a la mitad» la previsión de incremento de población que contempla el nuevo planeamiento para los próximos 20 años que, según sus redactores, ya es de por sí «moderado» y que se cifra en 60.000 personas. En relación a las aproximadamente 12.000 nuevas viviendas previstas en los nuevos suelos urbanizables contemplados en la propuesta, consideran que, en consecuencia, se deberían reducir también a la mitad «priorizando en todo momento la vivienda pública y de protección».

En su intervención Alcázar defendió asimismo que «la expansión urbanística tampoco soluciona el problema más grave que es el de acceso a la vivienda», porque «los precios de las viviendas se están construyendo en estos momentos han puesto de manifiesto que solo están al alcance de las rentas más altas». También reclamó que el solar de la antigua Casa del Poble «se reconvierta en un equipamiento sociocultural porque no podemos aceptar que la vorágine especulativa borre este espacio de memoria».

Reclamaron asimismo «la limitación de nuevos centros educativos privados» en zonas ya saturadas, «repensar todo el modelo de movilidad favoreciendo el transporte público y colectivo, así como el uso de la bicicleta».

Por su parte, la teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Neus Truyol manifestó que en estos momentos su departamento está estudiando las alegaciones presentadas por más de 900 entidades y colectivos con el fin de analizarlas una a una. Al respecto, ha asegurado que ya se están reuniendo con algunas de las asociaciones con el fin de conocer de primera mano sus propuestas.

En relación a la revisión a la baja del crecimiento previsto, Truyol recordó que la población prevista de 60.000 personas es la mitad que ha crecido la ciudad en los últimos 20 años.

Igualmente, aseguró que la práctica totalidad del nuevo crecimiento de viviendas se concentra en el suelo urbano ya desarrollado, mientras que solo unas 10.000 se prevén en los nuevos urbanizables.

En una comparecencia posterior solicitada por el PP Truyol rechazó los «pelotazos» que el PP le atribuye y desplegó un largo listado en un pergamino con las recalificaciones realizadas por gobiernos autonómicos y municipales conservadores «que sí pueden calificarse como tales».