El Ayuntamiento de Palma limitará el acceso de coches a la ciudad mediante la instalación de un sistema automático de lectura de matrículas. La medida se contempla en el Plan de Acción por el Clima y Energía Sostenible (PACES), que el pleno del Consistorio prevé aprobar hoy y estará en vigor hasta 2030.
El control del acceso de vehículos tiene como objetivo la reducción del tráfico en el interior de la ciudad con el fin de conseguir de esta forma «una ciudad más limpia y ecológica», según se recoge en la ficha que acompaña la propuesta, en cuya implantación se involucrarán las áreas de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad, además de la de Movilidad, que será la ejecutora.
Se trata de una de las medidas de «mitigación» de las emisiones de CO2 a la atmósfera, que el plan contempla en una reducción del 40% en los próximos siete años, pasando de esta forma de unas emisiones de 2,9 millones de toneladas de dióxido de carbono en 2011 a los 2,1 millones medidos en 2017, con una reducción del 19,5%.
En la propuesta se advierte, no obstante, que paralelamente o antes de la adopción de la medida de limitación del acceso de vehículos a la ciudad, se deben ejecutar una serie de iniciativas entre las que se señalan «la habilitación de más aparcamientos públicos en el extrarradio del municipio, la potenciación e intensificación del transporte público, el transporte en bicicleta y el peatonal en el interior de la ciudad».
Asimismo, se indica que desde el departamento de Movilidad se van a reforzar iniciativas como las ya contempladas en la denominada Palma 30, modificando el artículo de la ordenanza municipal de circulación con el fin de reducir a 30 kilómetros por hora las calles que en las que se permite en estos momentos circular a 40.
La restricción del acceso de vehículos a la ciudad se ejecutará también paralelamente a la implantación de la denominada Zona de Bajas Emisiones que, tal como ya se ha indicado en varias ocasiones, la primera de ellas será la delimitada por el arco de las avenidas, en la que solo podrán acceder y aparcar los residentes, aunque se dejará circular al resto de vehículos por las zonas que no sean Áreas de Circulación Restringida (Acire). Esta medida se contemplará ya en el nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), que se está redactando en estos momentos y que incluirá también la ampliación de la zona ORA cerrando el arco exterior de las Avenidas en una zona aún a determinar.
No obstante, no se descarta que en los próximos años estas zonas de bajas emisiones, que en 2023 serán obligatorias por legislación estatal en todas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes, se puedan ampliar a otras áreas de la ciudad, de ahí que estos sistemas de control de accesos se podrán colocar en las entradas a la ciudad.
De esta forma, se podrá controlar la entrada de vehículos privados que cumplan en cada momento con las determinaciones de emisión de gases contaminantes que se determinen ya sea por la legislación europea, estatal, autonómica o municipal. Asimismo, desde la Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes (SMAP) y Urbanismo se prevé potenciar la implantación de aparcamientos disuasorios en las zonas periféricas de la ciudad.
Aparcamientos disuasorios
A la hora de redactar el informe y la ficha que acompaña el PACES hay proyectos para ampliar o implantar zonas de aparcamiento en Son Sardina, el enlace entre la carretera de Puigpunyent y el Camí dels Reis, sa Teulera, la entrada desde Inca, el nudo de Portopí, en la zona de Son Bordoy (el Molinar) en la carretera de Manacor, la plaza Progrés y en el subsuelo de Metge Josep Darder, a la que se ha añadido últimamente el estacionamiento previsto en el subsuelo del solar recientemente expropiado junto a la plaza de Toros.
Si bien la elaboración del PACES es un compromiso derivado de la adhesión de Cort al Pacto de Alcaldes por el Clima i Energía en 2008, ahora, con la ley del Cambio Climático y Transición Energética de les Illes Balears, aprobada en 2019, ha pasado a ser un requisito. De esta forma, el plan elaborado por Cort fue aprobado inicialmente por el pleno el pasado mes de octubre, sometido a información pública, y se prevé que hoy sea aprobado definitivamente. De hecho, en la pasada comisión informativa previa al pleno todos los grupos municipales, con distintos matices, excepto Vox, votaron favorablemente su contenido.
Además de las reducciones de las emisiones de dióxido de carbono en un 40% en 2030, el plan también contempla la disminución de un 32,5% del consumo de energía y el incremento hasta el 32% la consumida procedente de fuentes renovables. Por ello, uno de los instrumentos fundamentales para su cumplimiento consiste en la comercializadora de energía de Emaya, que prevé que en 2030 todos los edificios y servicios municipales se suministren de energías renovables.
También está previsto la implantación de 2.000 puntos de recarga eléctricos y una serie de bonificaciones fiscales para la implantación de energías renovables: el 95% del impuesto de construcciones, el 50% de la tasa de licencias urbanísticas y el 50% del IBI para la instalación de energía solar fotovoltaica y térmica.
