Los fluidos contaminantes del vertedero de Son Reus han acabado en varias ocasiones en la última década en las aguas de la bahía de Palma al ser vertidos al alcantarillado cuando las lluvias hacen rebosar la balsa en la que se recogen para su depuración.
Como esos episodios se producen en días con lluvias abundantes, en los que las depuradoras de Palma no tienen capacidad para tratar las aguas residuales y pluviales mezcladas en la misma red, estos fluidos, llamados lixiviados, se vierten directamente al mar.
La Conselleria de Medio Ambiente ha confirmado a Efe que desde 2013 hasta la actualidad, la empresa pública municipal Emaya, responsable de la gestión del vertedero clausurado de Son Reus y del llamado "vertedero de cola", que se encuentra activo, ha comunicado en ocho ocasiones vertidos de lixiviados a las alcantarillas.
La Dirección General de Recursos Hídricos no ha detallado las fechas en que se han producido estos episodios, aunque sí ha aclarado que el último se produjo en 2018.
Emaya, que ha rehusado facilitar información sobre estos hechos a Efe, reconoció en el expediente de contratación de la nueva depuradora de lixiviados de Son Reus que "en los últimos años, la balsa de lixiviados no tiene capacidad para evaporar todas las entradas de lixiviados (mayoritariamente pluviales mezclados con lixiviados), por lo cual se tiene que aliviar parte del volumen de la balsa al alcantarillado".
La depuradora, que debía entrar en funcionamiento en el primer trimestre de 2022, tratará tanto los lixiviados del vertedero activo como los que se recogen del vertedero clausurado, que, según puso de manifiesto un informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) encargado por la propia empresa municipal, contamina con metales pesados el acuífero sobre el que se asienta.
El vertedero de Son Reus, que acumula 4,7 millones de toneladas de residuos, vierte al acuífero aluminio, arsénico, cadmio, bario, cobre, hierro, mercurio, manganeso, níquel, plomo y zinc en niveles que en distintos puntos de la masa de agua subterránea superan los máximos legales.
A raíz de este informe desvelado por Efe, que Emaya recibió en 2019 pero no publicó, el juzgado de instrucción 12 de Palma abrió una investigación por si de la contaminación del acuífero se derivaban responsabilidades penales.
Este mismo juzgado ya había iniciado otra investigación sobre la contaminación de la bahía de Palma por los vertidos de aguas residuales en el marco de la cual encargó un informe sobre el estado del lecho marino al IGME, que lo entregó el pasado agosto.
El organismo científico estatal analizó la composición de los materiales del fondo de la bahía y encontró contaminación por metales pesados en torno a los emisarios y aliviaderos subacuáticos por los que se echan al mar las aguas procedentes de las depuradoras y las que se vierten sin depurar en episodios de lluvia.
Esta contaminación, que afecta de forma significativa a unos 8,2 kilómetros del sustrato marino, es mayor donde las aguas residuales se vierten sin tratar mezcladas con las pluviales, como es el caso del aliviadero de Es Baluard.
El IGME apunta que "las altas concentraciones en muchos de los metales analizados indican que una parte del vertido puede estar asociado a otros excedentes ligados a industrias químicas o zonas de acumulación de residuos".
No obstante, los especialistas no establecen ninguna relación entre los vertidos de lixiviados de Son Reus y la concentración por metales pesados de la bahía, una posible conexión que no ha sido estudiada.
El juzgado de instrucción 12 de Palma, que ha cambiado de titular en varias ocasiones en los últimos años, tiene pendiente adoptar decisiones respecto a la continuidad o archivo de las investigaciones sobre la contaminación de la bahía y el acuífero de Son Reus.
