El Ministerio de Igualdad que dirige la podemita Irene Montero ha tirado de las orejas al ayuntamiento de Palma, advirtiéndole de que “ha discriminado a las mujeres” en las oposiciones a Policía Local de Palma al no presentar los informes de impacto de género requeridos por la legislación actual. Un hecho que se llevaría ejecutando desde el año 2016, por lo que avisan de que en caso de interponerse un recurso contencioso-administrativo dichos procesos podrían ser anulados.
Desde el Ejecutivo central asumen que no tienen competencia para actuar sobre estos procesos, que han tachado de “discriminatorios” hacia las mujeres policías. Por ello instan a Cort (que sí es de su competencia) y al Institut Balear de la Dona a actuar en consecuencia, ya que la falta de informes de impacto de género ponen en jaque la igualdad efectiva entre los hombres y las mujeres.
En particular, el Ministerio esgrime que, desde un punto de vista material, la ausencia de estos documentos suponen la “falta de un adecuado análisis de la realidad y de las consecuencias que puedan tener los distintos procesos selectivos amparados en ella en la igualdad de trato y oportunidades por razón de sexo en el acceso a las plazas de la Policía Local convocadas por el ayuntamiento de Palma, lo que podría constituir una discriminación indirecta por razón de sexo”.
Un argumento que va acompañado de una advertencia: en caso de ser interpuesto un recurso contencioso-administrativo, los procesos podrían ser anulados. Así que ahora la pelota está en el tejado de los denunciantes que, en caso de recurrir a la justicia, “tienen todas las de ganar”. Ello conllevaría a que las oposiciones denunciadas llevadas a cabo sin presentar dicho informe se volverían a repetir al no velar por la igualdad de género. La maquinaria todavía no se ha puesto en marcha, pero los sindicatos policiales ya disponen de dicha información y de sentencias del Tribunal que avalan este argumentario: sin informe de impacto de género, el proceso no es limpio.
