El presidente de la Comisión Balear de Medio Ambiente, Antoni Alorda, ha retirado esta mañana del orden del día del pleno de este organismo dependiente del Govern la aprobación del estudio del impacto ambiental del proyecto de restauración de las canteras de sa Garrigueta Rassa y Can Rosselló con el fin de recabar más informes. La aprobación del estudio de impacto ambiental es un paso imprescindible para que, con posterioridad, el Govern balear pueda autorizar el proyecto de restauración y el Ayuntamiento de Palma conceda la preceptiva licencia de actividad.

La retirada se ha adoptado a petición del Ayuntamiento de Palma y del Consell de Mallorca. El representante del Ayuntamiento en la comisión, el teniente de alcalde de de Medio Ambiente, Ramon Perpinyà, ha puesto sobre la mesa la necesidad de replantear el proyecto presentado por la actual propiedad Terral Holding SL, con el fin de aportar "más información y claridad".

Perpinyà ha recordado que el Ayuntamiento ya presentó un informe negativo en la subcomisión técnica, que mantienen, debido básicamente "a la magnitud" de la rehabilitación que se propone.

Por su parte, el departamento de Territorio del Consell de Mallorca ha presentado un nuevo estudio de impacto ambiental en el que se pone de manifiesto que, en función de la legislación vigente, no es necesario que la cantera se rellene en su totalidad y, en consecuencia, se pueden rebajar considerablemente las toneladas de material y el tiempo que se necesita para la restauración sin tener que llegar a la cota inicial de ambas antiguas explotaciones.

Ante la "magnitud del proyecto y de sus impactos" se han solicitado también la redacción de más estudios a las administraciones implicadas como pueden ser la dirección general de Residuos, el departamento de Carreteras y de Recursos Hídricos, entre otros: Fuentes municipales han indicado que también se remitirán tanto los informes de Cort como del Consell a los promotores, con el fin de que estudien un posible replanteamiento del proyecto presentado, algo que facilitaría la aprobación de la restauración ya que en estos momentos existe un pronunciamiento técnico a favor del proyecto presentado por la propiedad, aunque con una serie de limitaciones, relacionadas con la prohibición de más extracciones y la prohibición de la circulación de camiones a determinadas horas del día.

Según el presidente de la comisión, Antoni Alorda, se dará un plazo de diez días a los promotores para que den una contestación sobre si mantienen el proyecto presentado o si, por el contrario, lo retiran y modifican.

El pleno del Ayuntamiento de Palma del pasado 23 de diciembre, por unanimidad, rechazó el proyecto de restauración de la propiedad en base al informe contrario emitido por Cort. Uno de los argumentos expuestos en el informe municipal consiste en el hecho de que se deben aportar seis millones de toneladas de áridos inertes procedentes de MAC Insular durante 30 años, a razón de 220.000 toneladas anuales para sa Garrigueta Rassa, desconociendo de dónde procederán los necesarios para llenar la cantera de Can Rosselló para la que se necesitarían otras 90.000 toneladas anuales. De esta forma la producción total de MAC Insular, que es el único proveedor de estos materiales inertes y que su concesión finaliza en 2028, no sería suficiente para los proyectos de estas dos canteras. Además si se tiene en cuenta que este material ya se utiliza para restaurar otras canteras de Mallorca, solo quedarían unas 14.000 toneladas para poder usar en sa Garrigueta Rassa y Can Rosselló, "muy lejos de las 220.000 toneladas necesarias". Si lo anterior se confirma, supondría en la práctica la imposibilidad de proceder a la restauración recuperando las cotas de antes de la explotación de la práctica totalidad de las canteras existentes.

En el proyecto también se contempla la comercialización de los 430.000 toneladas de áridos extraídos de la cantera sin licencia municipal, por lo que el proyecto, en la práctica, autorizaría lo que en su día fue el motivo principal de la clausura de las explotaciones.

Otro de los argumentos esgrimidos por Cort y por la Plataforma Ciudadana es que se necesitaría el paso de 11.000 camiones de 20 toneladas al año para trasladar todo este material, con una media de uno cada dos minutos y medio y durante un mínimo de 30 años por una carretera que conecta Puigpunyent con Palma que tiene una anchura de 5,5 metros, que no permite el cruce de dos camiones.

Asimismo, desde el Ayuntamiento insisten en que la Administración debe garantizar las inspecciones y los controles necesarios durante los próximos 6o años, con el fin de asegurar que se cumplirá que todo el material aportado por los 11.000 camiones es inerte y ha sido convenientemente tratado.