El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Palma «va a convertir la ciudad en una ratonera a nivel de movilidad» y la va a «desertizar eliminando los comercios de proximidad que se deberán trasladar al extrarradio», afirmó ayer el presidente del PP de Palma, Jaime Martínez.
Por ello el partido conservador solicitó en el acto de presentación de las alegaciones al nuevo planeamiento, cuyo plazo finaliza hoy, que se proceda «a la paralización de la tramitación» con el fin de «repensar las propuestas urbanísticas» y corregir «los numerosos fallos que contiene», en palabras del presidente de los conservadores de Palma, Jaime Martínez.
Además, Martínez indicó que el planeamiento tal como se plasma en la documentación que está ahora expuesta al público tras su aprobación inicial el pasado noviembre que, «paraliza la inversión, genera inseguridad jurídica no solventa el gravísimo problema de la vivienda ya que lo pospone como mínimo a diez años, provocará un caos en la movilidad y expulsa el comercio de proximidad al extrarradio».
Por ello, los conservadores palmesanos afirman que se trata de «un mal plan para los ciudadanos, es un mal plan para los profesionales que tienen que desarrollar los proyectos que contempla y es un nefasto plan para la ciudad».
Martínez ha explicado que han presentado un conjunto de alegaciones agrupadas en cinco grandes cuestiones, «cada una de las cuales con peso suficiente para paralizar la tramitación», además de otras cuestiones más puntuales. Recordó asimismo que debido a la «nula transparencia, la falta de consenso y participación» de la propuesta, más de 60 entidades, empresarios y ciudadanos han acudido a la oficina creada por los conservadores para ayudarles a la redacción de alegaciones. Martínez está convencido de que se trata de un «mal plan» y que por ello recibirá multitud de alegaciones tanto de particulares como de entidades, como las ya anunciadas por parte del GOB, Terraferida, Afedeco y Pimeco, la Asociación de Hoteleros y Arca, entre otras.
La primera de las razones esgrimida por los populares para la paralización de la tramitación, consiste en que no se ha aprobado un nuevo avance de planeamiento, sino que se ha cogido el de 2014 aprobado por el Partido Popular, y se ha incorporado a la documentación, lo que supone que «se están utilizando datos de 2011 para 2022». Por si lo anterior no fuera suficiente en septiembre del año pasado el Consell aprobó definitivamente el nuevo Plan de Equipamientos Comerciales (PECMA) que modifica sustancialmente las previsiones del plan y ahora el Govern ha aprobado una nueva Ley Turística, «cuyas determinaciones tampoco recoge este Plan General».
Estudio económico irreal
En segundo lugar, el presidente de los conservadores palmesanos considera que el plan se debe paralizar porque el estudio económico y financiero que lo acompaña prevé que el 40% de las inversiones necesarias para la ejecución de los proyectos que detalla, «dependen de otras administraciones sin que se acompañe de ningún convenio ni compromiso de gasto». Por esta razón considera que el estudio económico y financiero «no es real ni viable».
En tercer lugar, aduce razones de seguridad jurídica. Afirma que existen multitud de errores de grafismo «que no se pueden tolerar en un documento que ha costado más de un millón de euros», así como de traducción del texto castellano al catalán y distintas versiones en ambas lenguas de lo que se aprueba, «lo que provoca la inexistencia de seguridad jurídica». Además existen una serie de artículos que trasladan la decisión definitiva sobre determinadas actuaciones a la comisión de Centro Histórico, lo que, a su juicio «lleva a la discrecionalidad».
En contra de que los solares vacíos puedan ser expropiados para construir viviendas
Otra de las previsiones contempladas en la actual redacción del Plan General y que es inadmisible para el PP consiste en la posibilidad de expropiar solares vacíos para construir promociones de viviendas de protección pública. En este caso se da un plazo de entre cuatro a seis años a sus propietarios para que los edifiquen, y si no lo hacen «pueden ser expropiados por el Ayuntamiento para la construcción de viviendas de protección oficial», lo que, para Martínez, «es un ataque en toda regla a la propiedad privada y a las familias», por lo que consideró que el nuevo Plan es el del «exprópiese y del pelotazo».
También lamentó que no se haya aprovechado el nuevo planeamiento para simplificar los trámites administrativos para la obtención de licencias, al tiempo que «no resuelve ni los problemas actuales ni de futuro de la falta de viviendas».
Considera asimismo que el gravamen del 150% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas vacías que el equipo de gobierno ya ha dicho que aprobará también será una medida contraria a su puesta en el mercado, por lo que reiteró que, cuando gobiernen, la van a derogar y aprobarán bonificaciones a los propietarios para incentivar la salida de casas ahora vacías al mercado del alquiler.
Martínez lamentó asimismo que no se contemplen actuaciones tendentes a la «rehabilitación real y urgente de barrios en los que poder reincorporar vivienda asequible», ni la posibilidad de autorizar pisos más pequeños y la igualación de alturas. El presidente de los conservadores criticó también que el nuevo Plan General «se olvide de zonas turísticas como la Platja de Palma o Cala Major».
