Catorce propietarios de pisos de Mallorca y personas en situación de vulnerabilidad social han acordado un alquiler gracias a la mediación de la entidad Provivienda, un servicio que cuenta con el apoyo de la conselleria de Asuntos Sociales del Govern a través del IRPF social, cuando se marca la casilla solidaria de la declaración de la renta.
El servicio se implantó en febrero de 2021, y su objetivo es dar garantías y seguridad tanto al inquilino como al propietario, que se convence de arrendar y «da un valor social a su inmueble», indicó ayer la conselleria. Actualmente son 26 las personas beneficiarias del proyecto en el archipiélago, entre inquilinos y propietarios: 14 en Mallorca y 12 en Menorca.
«Te avalan el contrato, por lo tanto, mejor imposible», afirmó Miquel Pons, propietario de la vivienda en Palma que ha alquilado a María del Carmen Gómez. «Ya estaba un poco desanimada porque ya había ido a ver casi cinco pisos e, incluso, diciendo que les pagaría un año por avanzado, no quisieron», denunció la arrendataria.
Provivienda ofrece a ambas partes acompañamiento, apoyo y seguimiento profesional, así como asesoramiento jurídico. «Están seguros porque nosotros les hacemos y explicamos el contrato por ley. Y les ayudamos, por ejemplo, en el cambio de nombre en los suministros», explicó la técnica de vivienda de Provivienda Baleares, Joana Maria Tortella.
