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Cort mantiene exigir el datáfono para los taxis en el puerto y aeropuerto

El ayuntamiento mantiene que el 99% de los vehículos trabajan en Son Sant Joan y lo tendrán que utilizar, pese a que el pleno de ayer eliminó un acuerdo de 2018 que lo exigía a nivel general para acatar una sentencia judicial

Imagen de taxis en su parada del aeropuerto de Son Sant Joan. B. Ramon

El pleno del ayuntamiento de Palma aprobó ayer suspender el acuerdo municipal de 2018 que obligaba a todos los taxis a llevar datáfono para que los clientes puedan pagar con tarjeta de crédito. De esta forma, daban cumplimiento a una sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 que anuló la medida por la falta de exposición pública. Lo que ocurre es que Cort mantendrá esta exigencia para los vehículos públicos que trabajan en el puerto y el aeropuerto que era un exigencia acordada con anterioridad a la impugnada.

Desde el ayuntamiento de Palma, no obstante, consideran que la exigencia del datáfono se mantiene prácticamente intacta, ya que el 99% de los cerca de 1.250 taxis que circulan por la ciudad recogen o acompañan clientes al puerto y al aeropuerto de Palma y, por consiguiente, deberán disponer de datáfono para que los pasajeros puedan abonar la carrera mediante tarjeta de crédito.

Francisco Ducrós, edil y portavoz del PSIB-PSOE en Cort, apuntó que «el pleno de hoy suspende el acuerdo de 2018 y con ello cumplimos una sentencia». En este sentido, desde el ayuntamiento indicaron que son una minoría los taxis que no tendrán obligación de llevar datáfono y que operen solo en la ciudad.

El tribunal admitió el recurso presentado por la Agrupación Empresarial de Auto-Taxi y Auto-Turismo de Baleares-FEBT contra esta decisión del Ayuntamiento. Los profesionales del taxi de Palma consideraban que era una exigencia que no cumplía la legalidad vigente y ello les perjudicaba en su planificación empresarial.

Según la sentencia, hecha pública a principios de este mes de enero, el magistrado del juzgado Contencioso- Administrativo número 2 de Palma consideró que el Ayuntamiento Palma había prescindido «total y absolutamente» del procedimiento legalmente establecido en la aprobación de la medida, porque Cort se saltó el trámite de información pública al modificar la ordenanza municipal de Transporte Público tras el acuerdo del pleno.

La resolución judicial señalaba también que se trata de un acuerdo del pleno y un decreto que vienen a modificar el contenido de una ordenanza, «implementando una obligación generalizada hasta entonces inexistente». En este sentido, recordaba que la única exigencia para el cobro del servicio de la ordenanza era que llevaran moneda suficiente para devolver el cambio.

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