El área de Modelo de Ciudad, junto con Servicios Sociales del ayuntamiento de Palma han adjudicado este martes 16 pisos oficiales propiedad de Cort a familias vulnerables. Este acuerdo ha sido avalado por la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de Palma. Según ha explicado la teniente de alcalde de Modelo de Ciudad y Urbanismo, Neus Truyol, "las adjudicaciones se han realizado a personas y familias con una alta vulnerabilidad y que estaban en situación de emergencia". El ayuntamiento de Palma tiene en estos momentos 400 pisos para hacer frente a la falta de vivienda de personas vulnerables. Con la adjudicación de estos 16 estarán todos ocupados y ya no se dispone de más viviendas sociales, salvo 9 que están en proceso de reforma, ha añadido Truyol. Desde 2019 se han adjudicado hasta 50 viviendas a familias en situación de vulnerabilidad.
La adjudicación a las personas o familias vulnerables son en régimen de alquiler, donde el ayuntamiento les garantiza que no deberán abonar más de un 30% de sus ingresos. Catalina Trobat, directora general de Servicios Sociales de Cort, ha especificado que, además de acreditar la falta de ingresos, las adjudicaciones vienen avaladas por informes de técnicos sociales que acreditan la alta vulnerabilidad. Asimismo, Trobat ha incidido en que la mayoría de adjudicaciones se han realizado a personas que viven solas y que los únicos ingresos que tienen son ayudas sociales, pensión de discapacidad o similares.
Truyol apuntó también que siguen el proceso de venta de solares que no pueden destinarse a vivienda pública para invertir este dinero en la compra de terreno donde si se puedan edificar viviendas sociales. De igual modo denunció "la dinámica del mercado inmobiliario que esta subiendo precios y Palma es una de las ciudades con el precio del alquiler más caro del Estado".
La mayoría de adjudicaciones son a personas cuyos únicos ingresos son ayudas sociales o pensiones
Demoliciones
Por otra parte, la Gerencia de Urbanismo de Cort ha reunido su consejo directivo y ha acordado la demolición de 11 obras irregulares. En cuatro de ellas se ha acordado la orden de demolición directa. Se trata de obras irregulares en la zona de Son Serra des Raiguer, en la carretera de Sóller, edificaciones realizadas en un edificio de la calle Sant Vicenç Ferrer, instalaciones ilegales en la calle Bartomeu Riutort y obras ilegales en una zona rústica de s'Aranjassa.
El resto de obras que también se ha ordenado la demolición ha sido después de desestimar las alegaciones de los promotores y la mayoría de ellas son en zona urbana por acometer ampliaciones, reformas o nuevas edificaciones sin licencia municipal. De igual modo, se ha acordado iniciar el expediente sancionador a 25 construcciones ilegales.
