La Defensora de la Ciudadanía, Anna Moilanen, ha adelantado por primera vez los expedientes trabajados a lo largo de 2021 anticipándose de esta forma a la presentación de la memoria anual y ha afirmado que el que acaba «ha sido un año complejo», en el que «ha sido necesario recordar las funciones» de la oficina que dirige. En concreto, su departamento ha cerrado el año con 525 expedientes trabajados, 69 de ellos relacionados directamente con una posible vulneración de los derechos de los ciudadanos por parte del ayuntamiento de Palma, 16 competencia del Defensor del Pueblo y 365 de gestión en primera instancia o relacionados con otras administraciones públicas como es el caso del IMAS, dependiente del Consell, la Oficina Anticorrupción del Govern o de la de Derechos Lingüísticos, también dependiente del Govern balear.
