La oficina antidesahucios del Ayuntamiento de Palma ha evitado a lo largo de 2021 un total de 313 lanzamientos de los 428 autorizados por los jueces por el impago del alquiler o de la hipoteca. Lo anterior supone, tal como han puesto de manifiesto esta mañana la teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, y el coordinador general de Vivienda, Josep Maria Rigo, que esta oficina municipal creada hace seis años, ha evitado la ejecución de casi dos de cada tres lanzamientos judiciales previstos.
De los 313 lanzamientos paralizados, 241 se debían ejecutar por el impago del alquiler, 7 por deudas hipotecarias, 61 por usurpaciones y ocupaciones ilegales y 4 por otras causas.
Asimismo, otra de las funciones que realiza la oficina y que a lo largo del presente año se ha multiplicado por 2,3 en relación al año pasado consiste en la redacción de los denominados "informes de vulnerabilidad" que, en aplicación del Real Decreto estatal 37/2020 impide que las personas vulnerables sin alternativa habitacional puedan perder sus casas.
Si bien desde que se abrió la oficina en 2015 ha tratado más de 5.000 expedientes, cuando estamos a punto de finalizar el presente año se han registrado un total de 649, lo que supone una cifra similar a la de antes de la pandemia. De estos, un total de 449 se abrieron a lo largo del presente año, lo que representa el 80% de los casos y el 20% restante se arrastra de ejercicios anteriores.
Sigue en aumento la tendencia iniciada hace unos años, según la cual la mayoría de los desahucios se producen por el impago del alquiler (el 68,5% del total) desplazando así al de las hipotecas.
Asimismo, por zonas, la mayoría de los expedientes se han abierto en las barriadas que conforman la segunda corona del Eixample y, en especial en los distritos de Llevant y Nord. Destacan las barriadas de Son Gotleu, Foners y Pere Garau, con más de 200 expedientes acumulados (576 Son Gotleu, 456 Pere Garau, 266 Foners, 197 la Soledad Nord, 196 el Camp Redó, 159 el Rafal Vell, 153 Bons Aires, 151 Nou Llevant).
Las unidades de convivencia más afectadas son parejas con hijos, familias monoparentales, personas solas y grupos con relación familiar.
La mayoría de los titulares de los expedientes son mujeres (un 61% frente al 39 de hombres).
La franja de edad mayoritaria se ha incrementado ligeramente en relación a años anteriores ya que en 2021 el 42% de personas se sitúa entre los 45 y 65 años.
La teniente de alcalde ha insistido en la necesidad de que al futura ley estatal de Vivienda permita que el municipio de Palma sea declarado como "zona tensionada" con el fin de poder introducir "limitaciones a los precios de los alquileres", además de amparar a colectivos vulnerables y que se modifiquen las actuales exigencias, que en algunos casos se traducen en un adelanto de cuatro meses o un aval bancario y disponer de un contrato de trabajo indefinido, para formalizar contratos de alquiler.
Asimismo, Truyol considera que la ley estatal debe poner "freno a la especulación de los grandes tenedores" y, en consecuencia, les obligue a poner a disposición o al alcance de las administraciones los pisos vacíos para que sean destinados a alquileres sociales.
Igualmente, la teniente de alcalde de Més aboga por limitar la compra de propiedades a personas no residentes, además de la necesidad de más financiación para la realización de políticas de vivienda.
