La Defensora de la Ciudadanía, Anna Moilaen, ha alertado esta mañana en la comisión de Sugerencias y Reclamaciones previa al pleno del riesgo de "colapso" de determinados departamentos municipales muy vinculados a la atención al público como son los de multas y urbanismo.
La Defensora ha explicado que los funcionarios de estos departamentos deben atender una media de entre 450 y 500 correos electrónicos que les remiten los ciudadanos, frente los aproximadamente 100 de antes de la pandemia, por lo que se ha multiplicado casi por cinco el tiempo que deben destinar a la atención de los requerimientos y las peticiones que les hacen los ciudadanos vía 'online'.
Este incremento de la carga de trabajo no se ha complementado con la necesidad de dotar a estos departamentos de más medios y más personal, al menos en la cantidad necesaria, de ahí el riesgo de colapso. Lo anterior dificulta además la atención presencial de los ciudadanos por parte de estos departamentos puesto que son los mismos funcionarios los que deben atender en ambas modalidades.
Por su parte, el adjunto a la Defensora, Vicente Rodrigo ha abundado en esta cuestión y ha señalado que, por ejemplo, "la oficina de multas tiene un problema de escasez de recursos muy importante", que se ha agravado estas últimas semanas tras descubrirse que un notificador no realizaba bien su trabajo. Asimismo ha instado a que parte de los 20 millones que el Ayuntamiento tiene previsto recaudar el próximo año en concepto de multas (siete más que en este) se destinen a la mejora de la atención al público, del propio departamento y a la formación de los conductores para disminuir sus conductas incívicas.
Por su parte, ante la reiteración mes tras mes de los problemas expuestos por la Defensora ante la comisión el concejal del PP Guillermo Sánchez ha realizado "un llamamiento" al equipo de gobierno para que pongan soluciones a los problemas y quejas que se plantean por parte de la ciudadanía.
Asimismo la Defensora ha lamentado la demora en responder al Defensor del Pueblo sobre una queja de un ciudadano por la tardanza en la instalación de una reserva de estacionamiento para una persona con discapacidad. Pese a que esta cuestión se solventó en mayo, no se ha dado respuestas al Defensor, con el peligro de que, si se reciben tres requerimientos por parte de esta institución el Ayuntamiento se incluye en el listado de administraciones "obstrocionistas".
