Tras la aprobación inicial, el 28 de octubre, del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Palma, sigue llamando la atención que se haya llevado a cabo este trámite sin exponer, de nuevo, al público un documento de Avance como necesaria fase previa; según establece el Artículo 52 de la Llei 12/2017, d’Urbanisme de les Illes Balears (LUIB).
Cierto es que entre 2012 y 2014 el Ayuntamiento presentó y expuso públicamente, tras dos períodos anteriores de participación ciudadana, un Avance de planeamiento que no llegó a ser aprobado inicialmente. El objetivo era entonces la revisión del PGOU vigente, el cual data de 1998.
Ahora se introducen modificaciones significativas respecto tanto al Plan vigente como al Avance de revisión expuesto en 2012/2014, en lo que se presenta como el «nuevo Plan de 2021»; pero sin haberse publicado un Avance de este, abierto a la participación ciudadana.
Tengo serias dudas en cuanto a que el preceptivo trámite de sometimiento a exposición pública (como Avance, que debe hacerse con anterioridad a la aprobación inicial) pueda darse por cumplimentado retroactivamente en base a lo debatido y expuesto hace ya casi diez años, existiendo diferencias tan importantes entre aquel documento y el que a finales de octubre ha sido aprobado por el Pleno.
El carácter estructural de las modificaciones (ya aprobadas inicialmente) lo refrenda el propio consistorio cuando presenta el Plan de 2021, que refiere como «nuevo». Por ejemplo: se disminuyen un 46% las reservas de suelo urbanizable, se introducen limitaciones adicionales a los cambios de uso (de local a viviendas), se prevén operaciones de regeneración -que contemplan esponjamientos- en tejido urbano e industrial consolidado por la edificación, etc.; todas ellas medidas de gran alcance y complejidad. Si nos hallamos ante un nuevo Plan General ¿entonces por qué se ha soslayado la fase de Avance, aduciéndose que ya tuvo lugar hace casi diez años?
En el ínterin 2012-2021, cabe añadir, se han aprobado ni más ni menos que dos legislaciones básicas urbanísticas de ámbito Balear, caso de la Llei 2/2014, d’Ordenació i Ús del Sòl (LOUS) y la antes referida LUIB, de 2017, que entre muchas otras disposiciones modifica la formulación y tramitación de los Planeamientos. El desarrollo y necesaria adaptación a dichas normas de rango legal fue una de las razones apuntadas como motivadoras de la paralización del trámite de revisión del PGOU de Palma en 2014.
Con todo ello no critico la oportunidad ni legitimidad de introducir cambios estructurales en el Modelo de Ciudad, los cuales son de hecho una de las prioridades del actual equipo de gobierno en Cort. Tampoco su idoneidad, en tanto que el detalle aún se desconoce. Lo que cuestiono es que dichos cambios estructurales no se hagan siguiendo todos y cada uno de los pasos, ya sean preceptivos o potestativos, para favorecer una participación real y efectiva personas y entidades, afectadas o simplemente interesadas. Ello debería haber incluido, además del trámite de alegaciones -que podrán formularse tras la reciente aprobación inicial-, también la fase previa (es decir, la exposición pública del documento de Avance para la presentación de sugerencias por un período mínimo de un mes, como establece la LUIB).
En el momento de escribir este artículo hace casi una semana que se aprobó inicialmente el nuevo PGOU y, sin embargo, el documento que puede consultarse al respecto en la web municipal aún es el Avance expuesto públicamente entre 2012 y 2014.
La necesidad de agilizar trámites y procedimientos, tan acuciante para los administrados en el complejísimo contexto actual, no debería desvirtuarse por parte de la administración (que en asuntos delicados como los que atañen a territorio y urbanismo debe actuar de modo especialmente garantista y transparente); aprovechando, soslayando o reduciendo procesos de participación ciudadana en asuntos de interés público urbanístico, por razones de calendario u oportunidad política.
Daniel Tur es especialista en urbanismo y ha sido presidente del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Mallorca (COAATMCA) entre 2017 y 2021.
