El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los grandes problemas sociales, sobre todo para aquellas familias que viven en una situación complicada o de exclusión social. Por ello, instituciones como el Servei d’Acolliment Municipal (SAMFAMILIA) son fundamentales para que todos tengan una segunda oportunidad.
Este servicio para familias sin recursos permite acoger de forma temporal a quienes lo necesitan. El centro, situado en las cercanías de los juzgados de Palma, hospedó en 2020 a más de 30 familias, con un total de 97 residentes. De estos, 30 fueron mujeres, 30 niños, 30 niñas y 7 hombres.
La estancia límite es de 12 meses, pero puede prorrogarse hasta los dos años si lo necesitan porque, en algunos casos, el proceso de adaptación es más costoso. Las causas de la situación de emergencia social incluyen desahucios, impagos del alquiler, conflictos familiares o problemas para hacer frente a gastos básicos.
Actualmente tienen disponibilidad para 14 familias con una capacidad máxima de cuatro personas por vivienda y cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros, aunque este año han aumentado la partida en 50.000 euros. Desde la institución explican que la mayoría han nacido en Balears, Colombia, Nigeria o Mali, aunque reciben personas de casi 20 nacionalidades distintas.
El teniente de alcalde de Cultura y Bienestar Social del ayuntamiento de Palma, Antoni Noguera, recordó durante la visita realizada ayer que muchas veces los ciudadanos no conocen estos espacios, por lo que es «necesario que los medios lo cuenten». En este sentido, Noguera declaró que el trabajo de servicios sociales es «fundamental» para luchar contra los estereotipos y prejuicios que siguen existiendo en la sociedad. El teniente de alcalde defiende que las familias alojadas en el edificio merecen una «segunda oportunidad» para que puedan realizar un proceso de reinserción social exitoso y puedan volver a ser totalmente independientes: «En 2020 más de 30 familias entraron aquí, y el 70% fueron casos de éxito: salieron con ingresos y un lugar donde dormir». Como aclara, este es el objetivo final del centro y de los trabajadores: conseguir que las familias acogidas puedan disfrutar pronto de unas condiciones dignas de vida.
Esto está ligado con los datos recientes sobre pobreza en Balears. El Instituto Nacional de Estadística (INE) arroja algunas cifras importantes. El porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social en las islas se sitúa en el 22 %; el 31,7 % no puede permitirse irse de vacaciones fuera de casa una semana y el 36,6 % no puede afrontar gastos imprevistos.
Asimismo, el 13,1 % tiene problemas para el pago de la vivienda principal o con el abono de las compras a plazo y el 9 % encuentra muchas dificultades para llegar a fin de mes.
Noguera ve «muy positiva» la tarea que se hace en estas viviendas porque muchas familias no agotan el tiempo mínimo de un año y dejan el proyecto antes para poder ser independientes. Del total de familias, el 70% son monoparentales, principalmente madres con hijos, y todas acuden allí derivadas de los centros municipales. Los casos se estudian y se derivan hacia allí según su situación.
En España, el porcentaje de población en situación de carencia material severa se situó en 2020 en el 7 %, frente al 4,7 % del año anterior. El porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social pasó del 25,3 % en 2019 al 26,4 % en 2020.
Un equipo de trabajo completo
La realidad es que sin los trabajadores no sería posible un éxito así. Los residentes valoran mucho la cooperación y las facilidades que ofrecen. El centro cuenta con un trabajador social, dos educadores, una psicóloga y siete monitoras, que por turnos están disponibles las 24 horas del día. Con ello tratan de dar apoyo a todas las familias. También reciben una comida y una cena diarias, y los lunes les dan meriendas para toda la semana.
La media de la estancia suele ser de 8 meses por familia y, cuando terminan, se les deriva a su centro municipal más cercano para que sigan teniendo apoyo y seguimiento. De esta forma, pueden acudir a ellos en caso de tener algún problema.
Tanto la dirección como los empleados tienen claro que los objetivos principales deben ir enfocados a que las familias que viven allí puedan tener recursos económicos propios y que, tras varios meses de ahorro, puedan salir en condiciones dignas y cuenten con un colchón económico que les permita hacer frente a los gastos inesperados. Además, ofrecen actividades formativas y laborales para que estén en disposición de conseguir un trabajo. En el caso de los menores, también se les ayuda en temas de crianza y escolarización.
