El ayuntamiento de Palma ha solicitado al titular del juzgado de instrucción número cuatro que aclare en su auto en el que le ordena la clausura y limpieza del vertedero ilegal de Son Güells, a quién se debe pasar la factura una vez realizados los trabajos.

Según el presidente de la Empresa Municipal d’Aigües i Clavegeram (Emaya), compañía pública que, en principio, realizará los trabajos de limpieza y retirada del material acumulado ilegalmente en la parcela, Ramon Perpinyà, «tenemos la voluntad de limpiar este vertedero de residuos para poner fin a la grave situación de contaminación que se ha producido en este solar y los impactos medioambientales generados por estas acciones ilegales e incívicas que incluso pueden ser constitutivas de delito ecológico».

Por ello, ha anunciado que el Ayuntamiento incluirá en los presupuestos del próximo año una partida, que posteriormente remitirá a Emaya, para proceder a la ejecución del auto judicial.

Con el fin de poder llevar a cabo las actuaciones correspondientes, el también teniente de alcalde de Medio Ambiente manifestó que «se ha solicitado una aclaración del acto dictado por el juzgado para poder contar con todas las garantías jurídicas a la hora de proceder a la realización de esta limpieza y saneamiento de la parcela y poder repercutir posteriormente su coste a los responsables».

Perpinyà recordó que, en una primera estimación, la limpieza de este vertedero ilegal podría tener un coste de un millón y medio de euros, cifra que podría ser superior si fuera necesario proceder a la descontaminación del suelo». Por ello, «en defensa de los intereses de los ciudadanos de Palma, consideró que es preciso que se determine claramente que este coste en última instancia debe ser asumido por los responsables», insistió.

La orden cursada se incluye en el procedimiento penal iniciado por el juzgado con el fin de determinar si las seis personas detenidas son culpables de un delito contra el medio ambiente.