Unas 60 personas se han manifestado esta tarde ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) convocadas por la Federació d’Associacions de Veïns para mostrar su rechazo a la sentencia que anula la prohibición del alquiler turístico en pisos en Palma que había decretado el Ayuntamiento de la ciudad y que recurrió Habtur. 

Además de ciudadanos y de miembros de distintas asociaciones de vecinos, la manifestación ha contado con la adhesión del GOB, Terraferida, Palma XXI, Ciutat per qui l’habita, Joventut pel clima, Plataforma de Veïns de Son Espanyolet, Recuperem Marivent, la Coordinadora balear per la Defensa de les Pensions Públiques, el Forum Ciutadà de Mallorca y Més per Palma, representado por Antoni Noguera y Neus Truyol.

Durante la manifestación, portavoces de distintas entidades han leído un manifiesto en el que se ha reprochado al TSJB que en su sentencia no hubiera tenido en consideración las 5.469 firmas que avalaron la iniciativa popular presentada por la Federació d’Associacions de Veïns para regular el alquiler turístico en Palma. Esa cantidad de apoyos «representan una cantidad superior a los votos obtenidos por cualquiera de los regidores de Cort», han señalado.

La Federació d’Associaciones de Veïns también recrimina al Tribunal Superior que no haya tenido en cuenta «la incompatibilidad entre el ocio turístico y la residencia de los que habitamos la ciudad», tampoco su incidencia sobre el precio del alquiler residencial y el carácter sumergido de la actividad, así como «el enorme coste para la Administración pública» que supone controlar esta actividad, que continúa prohibida ya que sigue en vigor una moratoria aprobada por el Parlament que impide autorizar alquileres turísticos en Palma.

Por todas estas consideraciones, las «infinitas molestias para la vida de la ciudadanía residente», los manifestantes han instado al TSJB «a salir de su atalaya de poder» para escuchar a los ciudadanos que sufren las consecuencias del alquiler turístico en pisos, «que pese a estar prohibido en Palma se sigue practicando con absoluta impunidad». 

Además de mostrar su desacuerdo con la decisión judicial, los asistentes a la manifestación han exigido a las administraciones competentes un «sistema de inspección eficaz» para esta actividad, «de acuerdo con la dimensión del problema».

 «Los ciudadanos no podemos ejercer de espías de nuestros vecinos, como se nos pide cada vez que denunciamos, exigiendo, además, pruebas físicas que difícilmente podemos obtener con nuestros medios», han añadido en el comunicado.