El ayuntamiento de Palma ha incumplido, al menos en dos ocasiones , el anuncio de gravar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los pisos vacíos como una de las medidas tendentes a facilitar la puesta en el mercado de alquiler de casas que sus propietarios tienen cerradas a cal y canto.
El gobierno municipal de Aina Calvo, en coalición con el Bloc y la extinta UM, ya preveía entre 2007 y 2011, gravar un 50% los recibos del IBI a las viviendas vacías. La propuesta, que nunca pudo materializarse aunque se repitió año tras año cuando se preparaba la redacción de los presupuestos municipales, se basaba en la modificación de la Ley de Haciendas Locales realizada en 2002 por el gobierno de José María Aznar (PP). Esta modificación legislativa, reclamada por numerosos ayuntamientos entre ellos el de Madrid presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, quien también anunció que la aplicaría, no se pudo materializar en ninguno de los 189 municipios de toda España cuyos plenos habían aprobado la medida porque, entre otras cosas, nunca se aprobó un reglamento.
De esta forma, entre los escollos que se encontraron los responsables municipales que querían aplicar el gravamen, tal como explicó en numerosas ocasiones el entonces teniente de alcalde de Hacienda de Cort, Andreu Alcover, se citaba el hecho de no contar con una definición de lo que se podía considerar como una «vivienda vacía».
Con la pérdida de las elecciones por parte de la coalición de centro izquierda y la recuperación en 2011 de la alcaldía por el PP de la mano de Mateo Isern, esta cuestión no se puso sobre la mesa en ningún momento. Su teniente de alcalde, Julio Martínez, presumía de haber bajado el IBI pese a la revisión catastral, aunque lo cierto es que, si bien este impuesto bajó un 2% los dos últimos años, el balance global de los cuatro años fue de un incremento medio de entre un 12% y un 14%,
Uno de los escollos para su no aplicación fue la necesidad de definir qué se entiende por vivienda vacía
Con el nuevo pacto de progreso que gobernó Cort entre 2015 y 2019 la promesa de incrementar el IBI a las viviendas vacías se plasmó nuevamente sobre el papel. No obstante, tampoco se aplicó, pese a que la Ley de Vivienda balear lo permitía. El último anuncio en este sentido fue realizado en 2018 por el entonces alcalde Antoni Noguera para que la medida entrara en vigor en 2019.
El aumento no podrá aplicarse hasta 2023
Si, tal como está previsto, en «dos o tres semanas» se aprueba la norma estatal que permite a los ayuntamientos incrementar el IBI a los pisos vacíos en hasta un 150% en función de varios parámetros, la medida no podrá ser de aplicación hasta el ejercicio de 2023, año electoral. Lo anterior es así porque la modificación de una ordenanza fiscal sujeta a padrón, como es el caso del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), entre en vigor al año siguiente debe estar aprobada definitivamente el 31 de diciembre y para que ello sea posible el cambio debe aprobarse inicialmente, como muy tarde, por el pleno del Ayuntamiento en octubre. Con posterioridad, la norma fiscal pasa por un período de información pública para la presentación de alegaciones y, posteriormente, el pleno debe aprobarla definitivamente.
